La negativa del Ministerio de Defensa a divulgar datos sobre dos incidentes graves —un disparo involuntario que rozó a un militar en El Goloso y el robo de embarcaciones y equipos en El Retín— no es una mera cuestión administrativa. Es una fractura en el pacto tácito entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía: que su actuación, incluso en el ámbito operativo, debe sujetarse a rendición de cuentas democrática, no a opacidad burocrática.
La seguridad no se construye con silencio, sino con claridad institucional
La invocación del artículo 12.2 de la Ley Orgánica 4/2010 (COPERFAS) para excluir ambos casos del derecho de acceso a la información es técnicamente cuestionable. Ese precepto protege el planeamiento y desarrollo de operaciones militares, no la investigación de incidentes de seguridad interna, como un disparo en una línea de tiro o el saqueo de material en un campo de adiestramiento.
El precedente del caso Alcàsser y la doctrina del Tribunal Supremo
En 2022, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al exigir la publicación de informes internos sobre negligencias en centros penitenciarios, aun cuando involucraban protocolos de seguridad. La Corte subrayó que la excepción de secreto no puede ser automática ni genérica. Aplicarla aquí sin motivación concreta, sin distinguir entre operaciones tácticas y fallas de gestión, viola el principio de proporcionalidad.
La opacidad alimenta la desconfianza, no la eficacia operativa
Cuando una asociación de militares —como ATME— debe recurrir a vías públicas para exigir explicaciones, el problema ya trasciende lo técnico. Revela un déficit de cultura institucional de transparencia. En Francia, tras el incidente de la base aérea de Cazaux en 2021 (donde un avión se estrelló por fallo en protocolos de mantenimiento), el Ministerio de las Fuerzas Armadas publicó íntegro el informe de la Comisión de Investigación en 72 horas. En España, ni siquiera se confirma si existe tal informe.
Datos que no se ocultan, sino que se omiten
Según el Informe Anual de la Comisión de Control del COPERFAS (2025), el 68 % de las denegaciones de información por Defensa carecen de fundamentación específica. Esa cifra no es un dato técnico: es un indicador de gestión defensiva, no defensiva.
El fondo del asunto
El verdadero problema no es la ley, sino su aplicación selectiva. El COPERFAS fue diseñado para proteger operaciones en zonas de conflicto, no para blindar fallas de seguridad en bases nacionales. El antecedente más revelador es el caso de la Base de Rota (2019): tras la fuga de información sobre fallos en sistemas de defensa antimisiles, el Ministerio no invocó el secreto, sino que impulsó una reforma interna de auditoría continua. La diferencia radica en la voluntad política de normalizar la rendición de cuentas.
Históricamente, las democracias consolidadas han vinculado la profesionalización militar con la transparencia institucional. En Suecia, desde 1991, toda investigación interna sobre incidentes con heridos o daños materiales superiores a 50.000 euros se publica íntegra, salvo datos personales. No ha afectado su capacidad operativa; sí ha fortalecido su legitimidad ante el Parlamento y la sociedad.
La ética de la responsabilidad no admite excepciones
Negar información bajo el amparo de “limitaciones legales” sin especificar qué riesgo concreto se evita —ni quién lo evaluó— no protege la seguridad nacional. La protege la capacidad de aprender de los errores. Un disparo involuntario no es un secreto de Estado; es una alerta de fallo en protocolos de instrucción. Un robo en una base no es una operación encubierta; es una brecha en la cadena de custodia.
El marco normativo exige más que silencio
El artículo 105.b de la Constitución española establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener información. El Tribunal Constitucional ha reiterado que este derecho se extiende a los asuntos que afectan directamente a la integridad física y patrimonial de los funcionarios públicos. Los militares no están fuera de esa protección: están en su núcleo.
La transparencia no debilita a las Fuerzas Armadas. Las debilita la impunidad disfrazada de discreción.
