El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha desencadenado una crisis institucional sin precedentes. La retirada de su pasaporte por orden del juez Peinado, días antes de su jubilación, ha generado fuertes reacciones políticas, cuestionamientos legales y alertas sobre la independencia judicial. El Gobierno ha movilizado a 11 ministros para respaldar a Pedro Sánchez. Las temperaturas políticas superan los 43 °C.
¿Por qué la retirada del pasaporte a Begoña Gómez ha generado una crisis política?
La medida fue adoptada en una instrucción judicial emitida un sábado por la mañana. Esa temporalidad ha sido señalada como inusual y estratégica. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y futuro candidato del PSOE en Madrid, calificó la decisión como un «monumento a la injusticia».
El juez Peinado actuó en la fase final de su carrera judicial. Su resolución se basó en presuntos recortes de prensa y en una investigación iniciada sin denuncia formal. No hubo acusación penal ni imputación previa. Esto ha alimentado críticas sobre la falta de garantías procesales.
El marco legal de la retirada de pasaportes
La Ley Orgánica 4/2000 permite la suspensión del pasaporte cuando existe riesgo de fuga. Pero exige una imputación formal y una causa razonable. En este caso, no se cumplió el requisito de imputación. El Tribunal Supremo ya ha anulado medidas similares por vicios de forma.
¿Qué dice la doctrina sobre la actuación del juez Peinado?
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha emitido pronunciamiento. Sin embargo, expertos en derecho procesal señalan que la instrucción carece de sustento probatorio sólido. La Fiscalía no solicitó la medida. Tampoco hubo informe de la Policía Nacional que respaldara el riesgo de fuga.
El impacto económico del caso
La incertidumbre institucional ha afectado la confianza inversora. El Ibex 35 cayó un 1,2 % en la jornada siguiente al anuncio. Analistas de BBVA Research vinculan la volatilidad con la percepción de inestabilidad política. El caso ha desviado la atención de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya aprobación se retrasa.
¿Qué papel juega la política en la percepción de la justicia?
Óscar López afirmó que el juez realizó «política» con una «traca final». Esta acusación no es meramente retórica. El informe anual del Consejo de Europa sobre el Estado de Derecho advierte sobre el riesgo de instrumentalización judicial en contextos electorales. España figura en el puesto 28 de 41 países en el Índice de Independencia Judicial 2026.
La estrategia del PSOE frente a las cloacas del Estado
López descartó presentar una querella contra Leire Díez, vinculada al caso Koldo. Aclaró que la decisión corresponde a la dirección del PSOE en Ferraz. No hay avances en la investigación contra Víctor de Aldama, presunto comisionista. Dos años después, el caso sigue en fase de instrucción sin imputaciones.
¿Cómo afecta este caso al marco constitucional español?
El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez predeterminado por ley. La actuación del juez Peinado ha sido cuestionada por violar el principio de indefensión. La defensa de Begoña Gómez no tuvo acceso a las piezas probatorias antes de la resolución.
Datos Clave
- La retirada del pasaporte se produjo sin imputación formal ni denuncia previa.
- El juez Peinado se jubiló 72 horas después de emitir la resolución.
- El Gobierno movilizó a 11 ministros para respaldar a Sánchez.
- El caso ha generado una caída del 1,2 % en el Ibex 35.
- España ocupa el puesto 28/41 en el Índice de Independencia Judicial 2026.
- No hay avances judiciales contra Víctor de Aldama desde 2024.
El caso trasciende lo personal. Refleja tensiones estructurales entre poderes, presión mediática y calendario electoral. La percepción de justicia selectiva afecta la credibilidad del sistema. La Fiscalía General del Estado aún no ha emitido informe. El Tribunal Constitucional podría recibir recursos de amparo en las próximas semanas.
