La Audiencia Nacional ha autorizado la semilibertad para Vicario Setién, exmiembro de ETA condenado a 265 años de prisión. Su caso reabre el debate sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, los criterios de reinserción y el papel del Gobierno vasco en beneficios penitenciarios. La decisión marca un giro respecto a la postura inicial de la jueza de Vigilancia Penitenciaria, que rechazó su salida por falta de un plan individualizado.
¿Qué dice el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario?
El artículo 100.2 permite conceder semilibertad a presos que hayan cumplido al menos dos tercios de su condena efectiva. No exige haber agotado la pena máxima, sino demostrar progresos en reinserción social.
Este régimen permite salir de prisión durante el día para trabajar, estudiar o realizar actividades formativas, con retorno nocturno. Su otorgamiento depende de una evaluación técnica del Equipo Técnico Penitenciario, pero también de la autorización judicial.
¿Quién decide la semilibertad tras la cesión de competencias?
Desde 2022, el Gobierno vasco asumió competencias penitenciarias en su territorio. Esto incluye la propuesta de beneficios como la semilibertad, la libertad condicional o el régimen abierto. Sin embargo, la decisión final corresponde a los jueces de Vigilancia Penitenciaria o, en casos de especial relevancia, a la Audiencia Nacional.
En la práctica, muchas solicitudes se basan en cartas de perdón o declaraciones genéricas. La Audiencia Nacional ha criticado este enfoque por carecer de evaluación psicosocial rigurosa y ausencia de programas de intervención personalizados.
¿Por qué la Audiencia Nacional cambió de criterio con Setién?
La instructora inicial rechazó la semilibertad al considerar que la propuesta carecía de un objetivo concreto de reinserción. No incluía actividades supervisadas, metas medibles ni vínculos con entidades sociales o laborales.
La nueva resolución reconoce avances en su conducta y participación en talleres. También valora su compromiso con el cese de la violencia y su distancia de la organización. No obstante, sigue vigente la condena por asesinato, atentados y terrorismo, delitos que exigen un control judicial reforzado.
¿Qué impacto tiene esto en la política penitenciaria nacional?
La decisión refuerza la necesidad de criterios unificados en toda España. Actualmente, hay diferencias notables entre comunidades autónomas en la evaluación de riesgo y reinserción. Esto genera desigualdades procesales y desgaste institucional.
Además, el caso coincide con la revisión de la política de memoria y convivencia por parte de la Comisión Europea. Bruselas observa con atención cómo se equilibran justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana.
¿Cuál es el marco legal y económico actual?
El Código Penal español establece límites máximos de cumplimiento (30 años), aunque las condenas acumuladas superen los 100 años. Esto permite la aplicación de beneficios penitenciarios antes de cumplir íntegramente las penas impuestas.
Económicamente, cada preso de ETA en régimen ordinario cuesta al Estado más de 42.000 € anuales, según datos del Ministerio del Interior. La semilibertad reduce ese coste hasta un 60 %, al trasladar parte de la responsabilidad a entornos sociales y laborales.
Sin embargo, el impacto no es solo financiero. La percepción pública afecta la confianza en las instituciones. Organizaciones como la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) denuncian que la normalización de beneficios sin garantías reales erosiona la reparación simbólica y la verdad judicial.
Datos Clave
- Vicario Setién fue condenado a 265 años, con límite legal de 30 años de cumplimiento.
- Su semilibertad le permite ahorrar tres años respecto al cumplimiento de dos tercios (2035).
- Más de 230 presos de ETA han obtenido beneficios penitenciarios desde el cese de la actividad armada.
- El Gobierno vasco propone los beneficios, pero la Audiencia Nacional puede revisarlos en casos de especial gravedad.
- El artículo 100.2 exige evaluación técnica, pero no exige unanimidad entre los profesionales del centro penitenciario.
¿Qué dice la doctrina jurisprudencial reciente?
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha insistido en que la reinserción no es un concepto abstracto, sino un proceso verificable. En sentencias de 2024 y 2025, exige: programas de tratamiento psicológico, participación en talleres de responsabilidad social, y vínculos laborales estables.
También ha advertido que la mera ausencia de conductas negativas no equivale a progreso real. La doctrina actual prioriza la evaluación conductual objetiva sobre declaraciones subjetivas de arrepentimiento.
Esto marca un cambio frente a prácticas anteriores, donde una carta de perdón bastaba para acceder a beneficios. Ahora, la prueba pericial y la trazabilidad de la intervención son requisitos esenciales.
