El Gobierno vasco, con el apoyo del PSE, ha concedido el tercer grado penitenciario a Arkaitz Agirregabiria y Juan Luis Rubenach. Ambos fueron condenados por asesinatos terroristas. La decisión afecta directamente a la memoria democrática, la seguridad jurídica y la percepción pública de justicia. Desde 2018, más de 250 etarras han obtenido beneficios penitenciarios. El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre reinserción y reparación a las víctimas.
¿Qué es el tercer grado penitenciario y quiénes lo obtienen en 2026?
El tercer grado es un régimen penitenciario que permite a los presos salir de prisión de lunes a viernes para trabajar, estudiar o realizar actividades de voluntariado. No implica libertad condicional total, pero sí una reducción sustancial de la privación de libertad.
Agirregabiria, considerado el último asesino de ETA, participó en el asesinato de Serge Nerin, un policía francés, en 2010. Aún no ha cumplido 10 años de condena. Rubenach, autor material del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en 2000, fue entregado a España en 2019 tras su detención en Francia.
¿Qué requisitos legales se aplican?
La concesión se basa en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Exige: cumplimiento de al menos un tercio de la pena, buena conducta, participación en programas de reinserción y ausencia de riesgo para la sociedad. Sin embargo, la aplicación varía según la autonomía. El Gobierno vasco gestiona estos expedientes bajo competencias transferidas.
¿Cómo afecta esta decisión a las víctimas y a la memoria democrática?
Más de 850 personas fueron asesinadas por ETA durante 42 años. Entre ellas, 210 guardias civiles, 11 jueces y 40 políticos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncia que el número de beneficiarios penitenciarios supera ya los 250. Cada nueva concesión reabre heridas y cuestiona la coherencia entre justicia transicional y garantías de no repetición.
¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática?
La Ley 20/2022 establece que las políticas penitenciarias deben respetar la dignidad de las víctimas. No prohíbe el tercer grado, pero exige transparencia, participación de las víctimas en los procesos y evaluación del impacto social. Hasta la fecha, no existe un protocolo unificado para incorporar su voz en las resoluciones vascas.
¿Cuál es el impacto económico y social de estas concesiones?
El Estado destina anualmente más de 12 millones de euros al programa de reinserción de presos comunes y terroristas. Parte de esos fondos financian acompañamiento social, formación laboral y seguimiento psicológico. Sin embargo, no hay estudios oficiales que midan el retorno social de estas inversiones en casos de delitos de terrorismo.
¿Qué dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo?
El TEDH ha ratificado que los Estados pueden aplicar beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo, siempre que se respete el principio de proporcionalidad y se garantice la protección de los derechos de las víctimas. En 2023, el Tribunal rechazó una demanda contra España por el tercer grado de un etarra, pero subrayó que las autoridades deben justificar cada decisión con base en hechos objetivos.
¿Qué marco legal regula las concesiones en el País Vasco?
El Gobierno vasco gestiona los expedientes penitenciarios bajo el Convenio de Transferencia de Competencias de 1999. Esto le otorga autonomía para evaluar y conceder beneficios, pero no exime de cumplir la Constitución, el Código Penal y la Ley Orgánica General Penitenciaria. La Fiscalía General del Estado ha emitido informes críticos sobre la falta de criterios homogéneos en las resoluciones vascas.
Datos Clave
- Más de 250 etarras han obtenido beneficios penitenciarios desde 2018.
- El tercer grado permite salida diaria para trabajo o voluntariado, pero no libertad plena.
- Agirregabiria no ha cumplido 10 años de condena; Rubenach fue extraditado desde Francia en 2019.
- La Ley de Memoria Democrática exige participación de víctimas, pero no es vinculante en los procesos vascos.
- El TEDH exige proporcionalidad y fundamentación objetiva en cada concesión.
El ritmo actual de concesiones —una cada pocos días— tensiona el equilibrio entre reinserción y justicia restaurativa. La falta de un marco común entre administraciones, la ausencia de evaluaciones de impacto y la escasa participación de las víctimas en los procesos generan desconfianza institucional. La coherencia entre el discurso democrático y las prácticas penitenciarias sigue siendo un desafío estructural.
