El Ministerio del Interior ha lanzado un nuevo Sistema de Registro Central de Extranjeros, con una inversión de 17 millones de euros (IVA incluido). El contrato, adjudicado el 4 de mayo de 2026, busca modernizar la gestión migratoria y garantizar la continuidad del servicio. Su implementación se extiende por 25 meses y requiere migrar toda la información del sistema actual al nuevo entorno tecnológico.
¿Por qué se licitó sin publicidad y con una sola oferta?
El procedimiento se realizó bajo la figura de contratación sin publicidad, amparado en una «comisión de valoración». No se publicó convocatoria abierta. El plazo para presentar ofertas finalizó el 15 de abril de 2026. Solo una UTE presentó propuesta: Thales Dis España, S.A., filial del grupo francés especializado en ciberseguridad y defensa, y Babel Sistemas de Información, empresa controlada por un fondo de inversión saudí.
¿Qué implica la ausencia de competencia en la licitación?
La falta de ofertas competitivas genera dudas sobre transparencia y eficiencia. No hubo rechazo de propuestas por bajo precio. El documento oficial afirma que la adjudicación se basó en la «oferta mejor valorada», aunque no se publicaron criterios objetivos de puntuación. Esto contraviene la práctica habitual en contratos de alta cuantía y sensibilidad institucional.
¿Qué empresas están involucradas y cuál es su historial?
Thales Dis España compite directamente con Indra en proyectos de seguridad pública y gestión de identidad digital. Babel Sistemas de Información ha estado vinculada a procesos de regularización de inmigrantes en varias comunidades autónomas. Su control por un fondo saudí activa alertas sobre soberanía tecnológica y cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
¿Qué riesgos legales y operativos plantea la migración de datos?
La migración de millones de expedientes de extranjeros exige garantías técnicas y jurídicas rigurosas. Cualquier fallo puede afectar derechos fundamentales como la libertad de circulación, el acceso a sanidad o la obtención de permisos de residencia. El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
¿Cuál es el impacto económico y estratégico del nuevo sistema?
El contrato representa una inversión significativa en infraestructura digital migratoria. Su correcta ejecución podría reducir tiempos de tramitación en un 40 % y disminuir errores administrativos. Sin embargo, su dependencia de un único proveedor extranjero —con participación saudí— plantea riesgos de dependencia tecnológica y vulnerabilidad ante sanciones internacionales o cambios regulatorios en el Golfo.
¿Cómo afecta a la gobernanza migratoria en España?
El nuevo sistema no es solo técnico: es un pilar de la política migratoria nacional. Su diseño determinará la capacidad del Estado para gestionar flujos, detectar irregularidades y garantizar derechos. La ausencia de licitación abierta debilita la rendición de cuentas y limita la innovación. Además, su vinculación con procesos de regularización recientes intensifica el escrutinio sobre posibles conflictos de interés.
Datos Clave
- Valor del contrato: 17 millones de euros (IVA incluido)
- Duración: 25 meses, con migración obligatoria de datos históricos
- Adjudicación: 4 de mayo de 2026, sin publicidad y con una única oferta
- Proveedor: UTE formada por Thales Dis España y Babel Sistemas de Información
- Marco legal aplicable: RGPD, Ley Orgánica 4/2000 y Ley 39/2015
- Riesgo principal: Falta de transparencia, dependencia tecnológica y vulnerabilidad de datos sensibles
