El 22 de abril de 2026, el Congreso de los Diputados acogerá una sesión de control crucial. Pedro Sánchez enfrentará preguntas directas sobre su gestión restante. El contexto incluye tensión política, procesamiento de Begoña Gómez y debates sobre soberanía institucional. La oposición exigirá claridad sobre prioridades legislativas y límites del poder ejecutivo.
¿Qué preguntas planteará la oposición a Pedro Sánchez?
Alberto Núñez Feijóo cuestionará si el Gobierno hace que España funcione. Su enfoque apunta a la eficacia real de las políticas públicas. Aizpurua pedirá detalles sobre las medidas pendientes de culminar. Nogueras ampliará el debate hacia la política nacional, alejándose de enfoques regionales.
Estas preguntas no son formales. Son un termómetro de la confianza parlamentaria. Reflejan desconfianza en la estabilidad del Ejecutivo. También evidencian la presión por resultados concretos antes de las elecciones generales.
¿Dónde está el límite constitucional del Gobierno?
Miguel Tellado exigirá que Félix Bolaños defina el límite de este Gobierno. La pregunta no es retórica. Tiene base en el artículo 97 de la Constitución: el Gobierno debe ejercer su función con sujeción al ordenamiento jurídico. Recientes decisiones sobre nombramientos, reformas procesales y uso de decretos-leyes han generado dudas sobre ese equilibrio.
Cuca Gamarra cuestionará si Bolaños es un digno ministro de Justicia. El interrogante se vincula con su gestión en el Consejo General del Poder Judicial y su rol en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La independencia judicial es un pilar del Estado de derecho.
¿Qué significa la pregunta sobre «democracia y dictadura»?
Cayetana Álvarez de Toledo planteará: ¿Qué democracia defiende un Gobierno que alterna con dictadura?. La frase alude a acuerdos de apoyo parlamentario con partidos cuyos discursos han sido cuestionados por organismos internacionales. El Tribunal de Cuentas y el Consejo de Europa han advertido sobre riesgos para el Estado de derecho en contextos de coalición frágil.
Esta pregunta activa el marco del artículo 1.1 de la Constitución: soberanía nacional y forma política del Estado. No es un ataque personal. Es una exigencia de coherencia institucional.
¿Qué tiene el Gobierno en contra de los españoles?
Pepa Millán, portavoz de Vox, lanzará una pregunta directa: ¿Qué tiene el Gobierno en contra de los españoles?. Su formulación responde a decisiones recientes en materia fiscal, inmigración y educación. Por ejemplo, el Real Decreto-ley 5/2026 sobre cotizaciones sociales generó críticas por su impacto en pymes. También el retraso en la aprobación del Plan Nacional de Vivienda afecta a 2,3 millones de hogares en alquiler.
Datos Clave
- El 78 % de los españoles considera que el Gobierno no cumple sus compromisos electorales (CIS, abril 2026).
- El déficit público se sitúa en el 4,1 % del PIB, por encima del objetivo del 3,5 % acordado con la UE.
- 14 leyes pendientes de tramitación afectan a empleo, energía y sanidad.
- El Tribunal de Cuentas ha abierto 7 expedientes por irregularidades en contratos públicos desde enero de 2026.
- La tasa de aprobación de Sánchez cayó al 31 %, su nivel más bajo desde 2023 (GAD3, abril 2026).
El contexto económico agrava la tensión. La inflación subyacente se mantiene en el 3,8 %. El IPC interanual supera el 4,2 %. El Banco de España advierte de riesgo de estancamiento en el segundo trimestre. Estos datos convierten la sesión de control en un escenario de rendición de cuentas real, no simbólica.
El marco legal es claro: el artículo 117 de la Constitución exige que el Gobierno rinda cuentas ante las Cortes. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Reglamento del Congreso regulan los plazos y formatos de control parlamentario. Cualquier intento de eludir respuestas sustanciales podría activar mecanismos de responsabilidad política.
La sesión del 22 de abril no es un trámite. Es un punto de inflexión. Define si el Gobierno prioriza la gobernabilidad o la gobernanza. Si opta por la gestión técnica o la confrontación institucional. Y, sobre todo, si respeta el mandato constitucional de servir al interés general.
