La reducción de jornada laboral a 35 horas semanales ya es una realidad en la Administración General del Estado. Pero los funcionarios autonómicos, especialmente en la Comunidad de Madrid, se quedan fuera. No hay acuerdo, no hay plan y no hay fecha para su aplicación. La decisión del PP en la Asamblea ha bloqueado la propuesta de Más Madrid. Esto afecta directamente a más de 120.000 empleados públicos regionales.
¿Por qué la reducción de jornada laboral no se aplica en Madrid?
La Comunidad de Madrid rechazó formalmente la Proposición de Ley presentada por Más Madrid. El veto fue total: 65 votos en contra, todos del PP. No hubo abstenciones ni apoyos transversales. El argumento central fue la falta de viabilidad económica y operativa.
El cálculo del coste real
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, afirmó que la medida implicaría la pérdida de 17.000 puestos a tiempo completo. Ese número no es una estimación genérica: se basa en el modelo de sustitución obligatoria por cada hora reducida. Sin aumento de plantilla, la cobertura de servicios se resquebraja.
La ausencia de un plan de plantillas
La diputada Ainhoa García Jabonero subrayó que no se puede aplicar una reducción de jornada laboral sin un plan previo de refuerzo. Sin él, los servicios esenciales —sanidad, educación, emergencias— corren riesgo de colapso. El Gobierno regional exige certidumbre antes de comprometerse.
¿Qué dice la ley actual sobre la jornada de los funcionarios autonómicos?
La Ley 7/2007, de Estatuto Básico de los Empleados Públicos, deja la fijación de la jornada en manos de cada Administración. No impone 35 horas. Solo establece que debe ser razonable, equilibrada y compatible con la calidad del servicio público.
El marco legal permite la autonomía, pero no la inacción
Cada comunidad puede decidir su jornada. Pero también debe rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas y el Parlamento. La ausencia de un estudio técnico sobre impacto salarial, productivo y de cobertura es un vacío legal que ya ha sido denunciado por sindicatos como CSIF y UGT.
¿Cuál es el impacto económico real de aplicar 35 horas en Madrid?
Aplicar la reducción de jornada laboral en la región exigiría una inversión estimada de 420 millones de euros anuales, según cálculos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Complutense. Ese monto cubriría nuevas contrataciones, retribuciones complementarias y ajustes en turnos.
El efecto en la productividad pública
Estudios del Banco de España indican que la productividad en la Administración regional cayó un 2,3 % en 2025. Una reducción de jornada laboral sin mejora tecnológica o reorganización interna podría acentuar esa tendencia. En cambio, comunidades como Navarra o el País Vasco ya vinculan las 35 horas a planes de digitalización y formación continua.
¿Qué alternativas existen para los funcionarios madrileños?
Más Madrid propuso un modelo escalonado: 37 horas en 2026, 36 en 2027 y 35 en 2028. Incluía financiación mediante reasignación de partidas y evaluación trimestral de impacto. El PP lo calificó como “improvisación sin respaldo técnico”.
Datos Clave
- La AGE ya aplica 35 horas semanales desde abril de 2026.
- La Comunidad de Madrid tiene 124.000 funcionarios afectados por la no aplicación.
- El PP estima una pérdida de 17.000 puestos equivalentes a jornada completa.
- El coste anual estimado para Madrid ronda los 420 millones de euros.
- Ninguna comunidad autónoma ha aprobado la reducción sin un plan de plantillas previo.
El debate no es solo sobre horas. Es sobre sostenibilidad, equidad y calidad del servicio público. Mientras otras regiones avanzan con estudios técnicos y pilotos sectoriales, Madrid mantiene su postura sin presentar un plan alternativo. La presión social y sindical crece. Y el reloj de la negociación sigue corriendo.
