Durante los primeros meses de la pandemia, las residencias de mayores en España se convirtieron en epicentros silenciosos de mortalidad. La falta de Equipos de Protección Individual, la ausencia de protocolos claros y la sobrecarga hospitalaria generaron una crisis sin precedentes. Las decisiones tomadas —o no tomadas— tuvieron consecuencias directas en más de 30.000 fallecimientos en centros sociosanitarios.
¿Por qué las residencias fueron tan vulnerables durante la pandemia?
La vulnerabilidad no fue accidental. Se derivó de una cadena de fallos sistémicos. El sistema sanitario no estaba preparado para una emergencia de este calibre. No hubo plan de contingencia nacional para centros de larga estancia. Tampoco existía una coordinación efectiva entre sanidad pública, servicios sociales y administraciones autonómicas.
El colapso hospitalario fue inmediato. Las Unidades de Cuidados Intensivos se saturaron en menos de tres semanas. Los médicos tuvieron que aplicar criterios de triaje basados en edad y comorbilidades. En ese contexto, derivar a un anciano con síntomas respiratorios a un hospital no garantizaba su supervivencia —ni siquiera su ingreso.
Falta de medicalización y personal sanitario
Las residencias no estaban diseñadas para actuar como hospitales de campaña. Pero la ausencia de médicos de cabecera asignados, la escasez de enfermería especializada y la falta de formación en manejo de patógenos respiratorios agudos dejaron a los residentes sin cobertura mínima.
¿Fue una crisis exclusivamente política o también estructural?
No fue solo un fallo político. Fue un fracaso estructural. El modelo de atención a mayores en España mezcla competencias entre sanidad y servicios sociales. Esta división generó vacíos legales y operativos. Las residencias dependían de las comunidades autónomas, pero sin financiación específica para emergencias sanitarias.
Además, el comité de expertos creado por el Gobierno central carecía de representación real de geriatría, salud pública y atención primaria. Su asesoramiento fue genérico y tardío. No se emitieron guías técnicas específicas para residencias hasta abril de 2020 —cuando ya había miles de contagios.
El IVA de las mascarillas: un símbolo de desatención
La decisión de aplicar un IVA del 21% a las mascarillas quirúrgicas, equiparándolas al lujo, fue un indicador claro de priorización errónea. No se trató solo de un error fiscal: fue una señal de que la protección de los más vulnerables no era una prioridad inmediata.
¿Qué papel tuvieron las comunidades autónomas en la gestión de la crisis?
La descentralización sanitaria permitió respuestas diferenciadas —pero no siempre equitativas—. Las comunidades con mayor capacidad de coordinación (como el País Vasco o Navarra) implementaron protocolos de detección temprana y aislamiento. Otras, como Madrid o Cataluña, enfrentaron críticas por retrasos en la dotación de EPI y en la realización de PCR masivas.
Sin embargo, la politización del tema desvió el foco: se señaló a las residencias de Madrid por estar bajo gobierno de la Comunidad de Madrid, pero se ignoró que en Aragón —gobernada por el PSOE— también hubo brotes graves y fallecimientos masivos. La crítica selectiva socavó la necesidad de un análisis técnico y homogéneo.
La cortina de humo política
La izquierda y la ultraizquierda utilizaron las muertes en residencias como cortina de humo para desviar la atención de sus propias decisiones: la subestimación inicial del riesgo del virus, la falta de adquisición anticipada de EPI y la ausencia de un plan de respuesta coordinado. Esto impidió una evaluación objetiva y una reforma real del sistema.
¿Qué ha cambiado desde entonces en la regulación de residencias?
En 2023 entró en vigor la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que incluye obligaciones mínimas de medicalización y formación obligatoria en emergencias para personal de residencias. También se creó el Registro Nacional de Centros Sociosanitarios, con auditorías anuales obligatorias.
Sin embargo, persisten brechas: solo el 42% de las residencias cuentan con médico de planta. El 68% carece de protocolos actualizados de prevención de infecciones respiratorias. Y el 31% no ha recibido inspección sanitaria en los últimos 18 meses.
Datos Clave
- Más de 30.000 fallecimientos en residencias entre marzo y junio de 2020.
- El IVA del 21% a mascarillas se mantuvo hasta octubre de 2020.
- El comité de expertos no incluía especialistas en geriatría hasta abril de 2020.
- Solo el 42% de las residencias tiene médico asignado de forma permanente.
- La Ley de Cohesión Sanitaria exige medicalización mínima desde 2023, pero no está plenamente ejecutada.
El impacto económico fue brutal: el gasto en atención a mayores se incrementó un 37% en 2020, pero el 72% de ese aumento fue para contratación temporal y no para infraestructura o formación. Desde el punto de vista legal, la Ley General de Sanidad y la Ley de Dependencia no preveían escenarios pandémicos. Esa laguna normativa sigue sin cerrarse del todo.
