Nayib Bukele ha inscrito su precandidatura presidencial para las elecciones de 2027. Lo hizo bajo una reforma constitucional aprobada en julio de 2025 que elimina la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Esta decisión marca un punto de inflexión en la historia democrática del país y genera debates sobre institucionalidad, gobernabilidad y derechos políticos.
¿Qué cambió en la Constitución salvadoreña para permitir un tercer mandato?
La Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, aprobó en una sola jornada —sin debate ni análisis previo— la reforma a cinco artículos constitucionales: 75, 80, 133, 152 y 154. Estos cambios eliminaron la restricción de un solo mandato presidencial consecutivo.
Esta reforma no fue sometida a referéndum ni a consulta ciudadana. Tampoco contó con el respaldo de partidos de oposición, que la calificaron como inconstitucional y antidemocrática.
El rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
El TSE no emitió pronunciamiento público sobre la constitucionalidad de la reforma. Su silencio ha sido interpretado como una señal de desarticulación del contrapeso institucional.
¿Cómo se inscribió formalmente la precandidatura de Bukele?
La inscripción fue gestionada por el partido Nuevas Ideas y recibida oficialmente por la Comisión Nacional Electoral del partido. Xavi Bukele, presidente de NI y primo del mandatario, anunció la noticia en X con una imagen que muestra el documento sellado y firmado.
Félix Ulloa, vicepresidente en funciones, también presentó su precandidatura. Ambos aspiran a un tercer período consecutivo.
Ausencia de competencia interna
No se prevén primarias competitivas dentro de NI. El partido no ha abierto espacios para aspirantes alternativos. Esto refuerza la percepción de una estructura partidaria centralizada y vertical.
¿Qué dice la opinión pública y cuál es el impacto económico?
Las encuestas más recientes muestran que Bukele mantiene una popularidad superior al 85 %, impulsada por la caída drástica de homicidios y la implementación del régimen de excepción. Sin embargo, este respaldo no es homogéneo: sectores empresariales y de la sociedad civil exigen mayor transparencia en el gasto público y en la gestión de fondos del Fondo para la Prosperidad.
El crecimiento económico del 2025 fue del 3,2 %, según el Banco Central de Reserva. Pero el déficit fiscal se amplió al 4,8 % del PIB, en parte por el aumento del gasto en seguridad y programas sociales.
La inversión extranjera directa (IED) se mantiene estable
A pesar de las críticas internacionales, la IED no ha caído significativamente. Los inversores priorizan la estabilidad macroeconómica y la reducción del crimen sobre los indicadores de gobernanza.
¿Qué marco legal internacional aplica a esta situación?
El Salvador es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 23 garantiza el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. La Corte Interamericana ha señalado que la reelección indefinida puede vulnerar la democracia representativa si no existe equilibrio institucional.
Además, la Carta Democrática Interamericana exige que los procesos electorales respeten la alternabilidad, la transparencia y la separación de poderes. Organismos como la OEA y la CIDH han expresado preocupación, pero sin mecanismos de sanción vinculante.
Datos Clave
- La reforma constitucional de 2025 fue aprobada en una sola sesión legislativa.
- No hubo participación de partidos de oposición ni consulta ciudadana previa.
- Bukele no ha publicado su plataforma electoral ni ha detallado propuestas para el tercer mandato.
- El Tribunal Supremo Electoral no emitió opinión técnica sobre la reforma.
- La popularidad del presidente se sustenta en seguridad, pero hay creciente demanda de rendición de cuentas.
¿Qué implica esto para la democracia salvadoreña?
La reelección indefinida no es ilegal en el marco interno, pero sí cuestiona el equilibrio entre autoridad y control. La concentración de poder en el Ejecutivo, el control legislativo y la debilidad de los órganos de fiscalización generan riesgos estructurales.
El sistema de partidos se ha reducido a una estructura hegemónica. La oposición carece de financiamiento, acceso a medios y representación parlamentaria efectiva.
El desafío de la institucionalidad
La consolidación de un régimen autoritario no requiere golpes de Estado. Basta con la erosión silenciosa de controles, la normalización de excepciones y la sustitución de reglas por decisiones unilaterales. El caso salvadoreño es un ejemplo de esta dinámica en América Latina.
