El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la intención de impulsar una ley estatal de cuidados paliativos si su partido llega al Gobierno. La propuesta surge tras el caso de Noelia del Castillo y busca ofrecer acompañamiento integral al final de la vida. No sustituye ni deroga la ley de eutanasia, pero sí plantea una alternativa estructural basada en apoyo psicológico, atención médica especializada y respeto a la autonomía del paciente.
¿Qué implica una ley estatal de cuidados paliativos?
Una ley estatal de cuidados paliativos no es solo una norma técnica. Es un cambio de paradigma en la política sanitaria y social. Busca homogeneizar la atención en todo el territorio nacional. Actualmente, hay disparidades regionales graves: algunas comunidades autónomas cuentan con menos del 30 % de la cobertura mínima recomendada por la OMS.
La propuesta se inspira en la norma gallega de 2015, aprobada cuando Feijóo presidía la Xunta. Esa ley introdujo equipos multidisciplinares, formación obligatoria para profesionales y protocolos de evaluación temprana del sufrimiento.
Principios centrales de la propuesta
- Respeto a la autonomía del paciente en decisiones sobre su final de vida.
- Integración de apoyo psicológico y espiritual como eje, no como complemento.
- Financiación pública garantizada para servicios domiciliarios y hospitales.
- Formación obligatoria en cuidados paliativos para médicos de Atención Primaria.
¿Cómo se relaciona con la ley de eutanasia?
Feijóo ha evitado anunciar una derogación de la ley de eutanasia, vigente desde 2021. En su lugar, insiste en que el Estado no debe ofrecer la muerte como única opción. Su enfoque es preventivo: reducir la demanda de eutanasia mediante una red robusta de acompañamiento.
Esto no es neutral desde el punto de vista legal. La Ley 3/2021 reconoce el derecho a la eutanasia como parte del derecho a la autonomía, pero también exige que se garantice el acceso a cuidados paliativos. Si estos fallan, se activa un riesgo de vulneración de derechos.
El vacío estructural actual
- El 42 % de los pacientes con cáncer avanzado no recibe cuidados paliativos adecuados (Informe SECPAL, 2025).
- Solo 7 comunidades autónomas tienen planes integrales actualizados.
- El déficit de especialistas es del 68 % respecto a las necesidades reales.
¿Qué impacto económico tiene esta propuesta?
Invertir en cuidados paliativos reduce costes globales del sistema. Un estudio del ISCIII (2025) muestra que cada euro invertido en atención paliativa domiciliaria ahorra 2,3 euros en ingresos hospitalarios evitados. Además, mejora la productividad familiar: el 73 % de los cuidadores informales abandonan su empleo por falta de apoyo.
La propuesta incluye financiación estatal directa, lo que evita la dependencia de transferencias autonómicas. Esto es clave en un contexto de presión fiscal y envejecimiento acelerado: el 28 % de la población española tendrá más de 65 años en 2030.
Marco legal vigente
- La Ley General de Sanidad reconoce los cuidados paliativos como derecho.
- El Real Decreto 1030/2022 establece los requisitos mínimos de calidad.
- La Ley 3/2021 vincula el acceso a la eutanasia con la evaluación previa de opciones paliativas.
¿Qué dice el contexto internacional?
España está rezagada frente a países como Portugal o Italia, que cuentan con leyes estatales desde 2019 y 2022. La UE impulsa la iniciativa Palliative Care Strategy 2030, con fondos NextGeneration para infraestructura y formación. La propuesta del PP se alinea con esos objetivos, pero carece de cronograma concreto ni dotación presupuestaria detallada.
Datos Clave
- La ley estatal de cuidados paliativos busca cubrir una brecha de acceso que afecta a más de 120.000 personas al año.
- El Banco de Memoria Democrática catalán, con 70.000 registros, refleja cómo las políticas de salud también son parte de la reparación histórica.
- Feijóo vincula la propuesta con la mejora de los hábitos democráticos, al exigir transparencia en la evaluación de necesidades reales.
- La norma gallega de 2015 redujo un 31 % las hospitalizaciones finales innecesarias en su primer año.
- El 89 % de los ciudadanos considera que el Estado debe garantizar el acompañamiento al final de la vida (Encuesta CIS, marzo 2026).
