El Gobierno presenta su decreto ley de vivienda como la respuesta definitiva a la escalada de los precios del alquiler, pero lo cierto es que no aborda las causas profundas del colapso habitacional. Consideramos que esta norma es, ante todo, un ejercicio de supervivencia parlamentaria: un intento por convalidar una medida urgente sin contar con la mayoría necesaria para garantizar su sostenibilidad ni su eficacia real.
La urgencia no sustituye la estrategia habitacional
El decreto se anuncia con el lenguaje de la emergencia, pero carece de una hoja de ruta coherente con la escala del problema. En 2025, el alquiler medio en Madrid superó los 1.400 €/mes, y en Barcelona rozó los 1.350 €. Estos niveles no son coyunturales: son el resultado de 15 años de desinversión pública en suelo y vivienda protegida, y de una fiscalidad que premia la especulación inmobiliaria.
El fracaso de la Ley por el Derecho a la Vivienda
Aprobada en 2023, esa ley no logró revertir la caída del parque de alquiler asequible. Entre 2023 y 2025, el número de viviendas en alquiler de larga duración cayó un 12,3 %, según el INE. El decreto actual no corrige ese vacío: solo regula la forma, no la cantidad.
La aritmética parlamentaria socava la política de vivienda
El Gobierno negocia el decreto no con base en evidencia técnica, sino en la lógica del voto. Junts exige ventajas fiscales para Cataluña; Podemos rechaza la reforma de la ley del suelo; Sumar condiciona su apoyo a la creación de un fondo estatal de suelo. Esta fragmentación no es un obstáculo transitorio: es el síntoma de una falta de consenso constitucional sobre el derecho a la vivienda.
Comparativa internacional: Alemania y Austria como contrapunto
En Viena, el 60 % del parque residencial es público o cooperativo, y el alquiler medio no supera los 700 €/mes. En Berlín, la ley de congelación de precios (2020–2023) fue sustituida por un sistema de control de rentas vinculado a inversiones obligatorias en rehabilitación. Ambos países combinan regulación con inversión masiva. España, en cambio, destina menos del 0,2 % del PIB a vivienda pública: la mitad que la media de la UE.
Las medidas fiscales no compensan la ausencia de oferta
El decreto propone bonificaciones para propietarios que ofrezcan alquileres a largo plazo y sanciones para usos turísticos abusivos. Pero no crea ni un solo metro cuadrado de vivienda nueva. No activa mecanismos para expropiar suelo urbanizable ocioso, ni obliga a los ayuntamientos a cumplir sus planes generales. Sin suelo, no hay vivienda. Sin vivienda, no hay alquiler asequible.
El caso de Málaga: suelo público sin edificar
En Málaga, el Ayuntamiento tiene 1.200 hectáreas de suelo público sin desarrollar. Solo el 7 % está destinado a vivienda protegida. El decreto no modifica ese desequilibrio. Tampoco obliga a revisar los planes parciales que favorecen la edificación de lujo sobre la residencial.
El fondo del asunto
La crisis de la vivienda en España no es un problema de precios, sino de modelo territorial y de propiedad. Desde la reforma del suelo de 1998, el Estado transfirió competencias a las comunidades autónomas sin dotarlas de instrumentos de control ni de financiación. El resultado: una especulación sistémica, avalada por bancos, fondos de inversión y administraciones locales. El decreto actual no cuestiona ese modelo. Al contrario: lo refuerza al confiar en incentivos privados en lugar de recuperar el rol público del suelo y la planificación. Históricamente, los mayores avances en vivienda —como el Plan de Viviendas de 1961 o el Plan de Vivienda Protegida de 1998— surgieron de decisiones estatales con financiación directa y metas cuantificables. Hoy, el Gobierno elige la negociación fragmentada sobre la acción coordinada. Esa es la verdadera raíz del fracaso: no falta voluntad política, sino una concepción ética del suelo como bien común, no como activo financiero.
