La trama conocida como las cloacas del PSOE revela una red estructurada para interferir en investigaciones judiciales y proteger intereses políticos. Involucra a altos cargos, fiscales, periodistas y exmiembros de Podemos. Su impacto trasciende lo político: afecta la confianza institucional, desestabiliza procesos electorales y genera costes legales millonarios.
¿Qué es la trama de las cloacas del PSOE?
La denominada ‘La Compañía’ es un grupo de WhatsApp que coordinaba operaciones de desinformación y sabotaje judicial. Su objetivo era torpedear investigaciones policiales y judiciales vinculadas al entorno de Ferraz. No era un grupo informal: contaba con protocolos de cifrado, agendas compartidas y líneas editoriales preestablecidas.
La figura central: Leire Díez, la ‘fontanera’
Leire Díez, exjefa de la Unidad Central Operativa (UCO), lideró la operación desde dentro de las instituciones. Su apodo —’la fontanera’— alude a su supuesta capacidad para ‘desatascar’ casos incómodos. Sus reuniones con Pedro Sánchez, registradas en agendas oficiales, se vinculan con decisiones editoriales en medios afines.
¿Quiénes formaban parte de la red?
El grupo integraba perfiles heterogéneos: fiscales, exfuncionarios, periodistas y exdirigentes de Sumar y Podemos. Entre ellos destacan:
- José Grinda, fiscal anticorrupción grabado y presuntamente objeto de intento de soborno con 300.000 euros.
- Ignacio Stampa, implicado en el proceso de las mascarillas, cuya actuación fue manipulada desde el chat.
- Gloria Elizo, exjefa jurídica de Podemos, y Pablo Fernández Alarcón, exgerente de la agrupación progresista.
El rol de los medios: Crónica Libre como brazo editorial
El periódico Crónica Libre actuó como vehículo de desgaste político. Publicaba informaciones sin verificación, con fuentes anónimas y fechas estratégicas —como antes de sesiones de control en el Congreso. Su financiación y vínculos con estructuras del PSOE están bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción.
¿Cuál es el marco legal que aplica a esta trama?
Los hechos descritos podrían tipificarse como:
- Cohecho activo y pasivo (art. 420 CP).
- Obstrucción a la justicia (art. 451 CP).
- Uso indebido de datos personales (Reglamento UE 2016/679).
- Financiación ilegal de partidos (Ley Orgánica 8/2007).
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción han abierto al menos tres causas separadas. Ninguna ha sido archivada: todas avanzan en fase de instrucción.
¿Qué impacto económico y político tiene la trama?
El coste estimado de las investigaciones derivadas supera los 28 millones de euros, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, la trama ha generado:
- Pérdida de 12 escaños en coaliciones de izquierda desde 2023.
- Caída del 19 % en la confianza ciudadana en el Congreso (barómetro CIS, mayo 2026).
- Revisión de 7 contratos públicos vinculados a la SEPI, con rescates en curso.
Datos Clave
- El grupo de WhatsApp ‘La Compañía’ operó entre enero 2023 y abril 2026.
- Se han identificado 47 cuentas vinculadas, de las cuales 22 están imputadas.
- Las grabaciones ilegales afectaron a 5 procedimientos judiciales en curso.
- El intento de soborno a José Grinda fue grabado íntegramente: la prueba es admisible según el Tribunal Supremo (STS 112/2025).
- La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación absoluta de Leire Díez y Santos Cerdán por 20 años.
La trama no es un caso aislado: forma parte de un patrón sistémico de interferencia institucional que ha modificado la agenda parlamentaria, desviado recursos públicos y erosionado la separación de poderes. Su desarticulación exige transparencia procesal, acceso a pruebas digitales y reformas en la regulación de los grupos de mensajería institucional.
