España no arde por casualidad climática: la acumulación crónica de biomasa sin gestión es una decisión política, no una fatalidad natural. Cada verano, los mapas interactivos de fuegos activos se convierten en termómetros de una crisis sistémica: 30 millones de toneladas anuales de biomasa sin aprovechar, convertidas en combustible inflamable por omisión institucional.
La gestión forestal se ha convertido en un vacío normativo con consecuencias aseguradoras
El crecimiento del 19% en el resultado neto de Línea Directa no es un indicador de salud del sistema, sino de su patología. Que las primas de autos y hogar suban un 9,8% y un 2% respectivamente mientras los incendios se multiplican revela una paradoja perversa: el riesgo se privatiza, pero su origen se desregula.
El seguro no previene fuegos: solo traslada costos a los ciudadanos
Los datos de la CNMV confirman que la mejora del ratio combinado (91,1%) se debe al contenerse la siniestralidad —no a reducir la exposición al fuego, sino a ajustar coberturas, reaseguros y reclamaciones. No hay inversión pública en prevención, pero sí crecimiento asegurador en zonas de alto riesgo. Eso no es resiliencia: es externalización del daño.
La biomasa no es un residuo: es un recurso estratégico mal gestionado
Decir que hay 30 millones de toneladas de biomasa sin aprovechar no es una cifra técnica: es una acusación. En países como Austria o Finlandia, esa misma biomasa alimenta redes de calefacción urbana y plantas de generación eléctrica con subsidios públicos y cadenas de valor locales. En España, se deja pudrir o se quema —literalmente— por falta de infraestructura, incentivos y planificación territorial.
El modelo forestal español sigue anclado en la lógica del abandono rural
Desde los años 60, la política forestal priorizó la repoblación con especies pirofílicas (pino y eucalipto) sin acompañarla de planes de manejo sostenible. El éxodo rural dejó sin vigilancia y sin aprovechamiento 13 millones de hectáreas de monte. Hoy, el 70% de los incendios se inician en zonas con menos del 5% de población activa agraria. No es azar: es herencia de una política que desarticuló el vínculo entre territorio y comunidad.
La ley de cambio climático ignora el fuego como eje de adaptación
La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética dedica solo tres artículos al riesgo de incendios —ninguno vinculado a la gestión de la biomasa, la reforma de los planes de ordenación de montes o la fiscalidad verde para la industria de la biomasa energética. Mientras, la Unión Europea exige a España reducir emisiones del sector LULUCF (uso de la tierra), donde los incendios representan el 42% de las emisiones anuales no contabilizadas.
Los fondos NextGeneration no priorizan la prevención activa
De los 1.500 millones asignados al Plan de Recuperación para la transición ecológica, menos del 8% se destina a actuaciones de prevención antes del fuego: podas, cortafuegos dinámicos, sistemas de alerta temprana con IA y apoyo a comunidades de montes vecinales. El resto va a restauración post incendio —una lógica de ambulancia, no de salud pública forestal.
El fondo del asunto
El fondo del asunto no está en los mapas interactivos ni en los balances de las aseguradoras. Está en la desarticulación entre política agraria, forestal, energética y climática. España tiene una Ley de Montes (2003), una Estrategia Nacional de Biomasa (2022) y una Ley de Cambio Climático (2021), pero carece de un Plan Nacional de Gestión del Fuego con competencias ejecutivas, financiación obligatoria y evaluación anual independiente. Sin eso, cada verano será una repetición: no de la sequía, sino de la negligencia. En Portugal, tras el desastre de 2017, se creó la Agencia para la Gestión Integrada do Fogo (AGIF), con autoridad sobre 23 ministerios y presupuesto vinculante. En España, la coordinación sigue dependiendo de notas de prensa y comisiones interministeriales sin poder sancionador. La diferencia no es técnica: es de voluntad política.
- El 87% de los incendios en España son provocados o por negligencia humana (Ministerio para la Transición Ecológica, 2025)
- Solo el 12% de los montes públicos tienen un Plan Técnico de Ordenación actualizado (MITECO, 2024)
- La industria de la biomasa energética representa menos del 0,4% de la producción eléctrica nacional, pese a tener potencial para cubrir el 12% de la demanda (IDAE, 2025)
- Desde 2015, las superficies quemadas superiores a 500 hectáreas se han duplicado, mientras las inversiones públicas en prevención forestal cayeron un 23% en términos reales (Fundación Biodiversidad, 2026)
