La muerte de Fabiola Mbulito, de 12 años, en la Playa de La Laja no es un accidente aislado. Es la expresión visible de una falta sistemática de evaluación de riesgos costeros, de infraestructura preventiva deficiente y de coordinación operativa insuficiente en zonas de baño con alto potencial peligroso.
La normalización del peligro en playas no vigiladas
La Playa de La Laja figura en registros oficiales como de alto riesgo por corrientes de resaca y oleaje impredecible, pero carece de señalización clara, banderas de alerta dinámicas ni personal especializado en vigilancia permanente.
¿Dónde están los protocolos de riesgo realista?
Según el Informe Anual de Seguridad en Playas del Ministerio para la Transición Ecológica (2025), solo el 38 % de las playas con historial de siniestros recurrentes cuentan con sistemas de monitoreo en tiempo real. La Laja no está entre ellas. No basta con desplegar recursos después del suceso: se requiere anticipación técnica, no solo reacción emocional.
La paradoja de la respuesta institucional
El despliegue posterior —helicóptero del GES, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, bomberos, SUC— fue rápido y profesional. Pero su eficacia se vio limitada por la ausencia de detección temprana, sensores de inmersión no autorizada y sistemas de alerta acústica y visual para menores.
La tecnología existe, pero no se implementa
En Grecia, desde 2023, 127 playas turísticas usan cámaras con IA que identifican comportamientos de riesgo (como alejamiento de zonas seguras o inmersión solitaria de menores). En España, menos del 5 % de las playas con más de 500.000 visitantes anuales dispone de esta capa tecnológica preventiva.
El vacío normativo en la protección infantil costera
Fabiola no era una nadadora inexperta: era una deportista de élite en formación, convocada a la selección española sub’12. Su perfil no la eximía del riesgo; al contrario, su confianza física pudo reducir su percepción subjetiva del peligro.
La normativa no distingue por edad ni competencia
El Real Decreto 863/2004, que regula la seguridad en playas, no establece umbrales diferenciados para menores de 14 años. Tampoco exige evaluaciones psicomotrices contextuales ni protocolos específicos para zonas frecuentadas por niños y adolescentes. La ley trata a una niña de 12 años como si tuviera la capacidad de juicio y reacción de un adulto.
El fondo del asunto
El problema no es la ausencia de voluntad institucional, sino la falta de marco ético preventivo que priorice la vida sobre la burocracia o la imagen turística. Históricamente, España ha gestionado la seguridad costera desde una lógica de respuesta, no de prevención estructural. En 1992, tras la tragedia de la Playa de Matalascañas (Huelva), se creó la Comisión Nacional de Seguridad en Playas. Pero sus recomendaciones no tienen carácter vinculante. En 2018, el Tribunal de Cuentas denunció que el 62 % de las inversiones en seguridad costera se destinaban a equipamiento reactivo (como embarcaciones de rescate), no a prevención (sensores, formación comunitaria, cartografía de riesgo dinámico).
Comparativamente, en Portugal, desde 2020, toda playa con más de 30.000 visitantes anuales debe contar con un Plan de Seguridad Costera Infantil, que incluye simulacros mensuales con menores, mapas táctiles de peligro y personal formado en neurodesarrollo infantil. En España, no existe ni una sola regulación nacional al respecto.
La muerte de Fabiola Mbulito no debe quedar en una nota de pésame. Debe ser el punto de inflexión para exigir una revisión ética y técnica de la seguridad costera, centrada en la vulnerabilidad real de los más jóvenes —no en la apariencia de control.
