El Tribunal de Génova ha emitido la primera sentencia judicial tras el derrumbe del puente Morandi, un desastre que causó 43 muertes y dejó centenares de familias sin hogar. La sentencia marca un hito en la responsabilidad corporativa y técnica en infraestructuras críticas. Se condenó a prisión a 12 personas, incluido el exconsejero delegado de Autostrade per l’Italia (ASPI), Giovanni Castellucci, a 12 años por negligencia grave y omisión de mantenimiento.
¿Qué ocurrió exactamente en el puente Morandi?
El colapso se produjo el 14 de agosto de 2018, durante la mañana, cuando una sección de la estructura cedió sin previo aviso. El puente, parte de la autopista A10 en Génova, soportaba tráfico intenso y era clave para la logística del norte de Italia.
El fallo estructural afectó a un viaducto de hormigón pretensado diseñado en los años 60. Expertos señalaron que la fatiga acumulada, la corrosión de los cables de anclaje y la falta de inspecciones técnicas rigurosas fueron factores determinantes.
¿Quiénes fueron los responsables condenados?
Además de Castellucci, fueron sancionados ingenieros, técnicos de mantenimiento y altos cargos de ASPI. La sentencia atribuyó responsabilidad penal por falta de supervisión técnica, ocultación de informes de riesgo y incumplimiento de normativas de seguridad.
¿Cuál es el impacto económico del fallo?
El derrumbe generó pérdidas directas superiores a 600 millones de euros, incluyendo demolición, reconstrucción del nuevo puente Genova San Giorgio, y compensaciones a víctimas. El Estado italiano asumió parte de los costos, pero ASPI fue obligada a aportar 200 millones.
La crisis afectó la confianza en las concesionarias de infraestructuras. El valor bursátil de Atlantia —empresa matriz de ASPI— cayó un 35 % en una semana. En 2021, el grupo fue absorbido por una alianza liderada por Cdp (Cassa Depositi e Prestiti), reforzando el control estatal sobre redes críticas.
¿Qué marco legal regula la responsabilidad en puentes y autopistas?
Italia aplica el Código de Contratos Públicos y la Ley 120/2021, que refuerza la obligación de mantenimiento preventivo. También rige el Reglamento Europeo de Seguridad en Infraestructuras de Transporte, que exige auditorías independientes cada cinco años para estructuras de más de 30 años.
La sentencia de Génova es la primera que aplica el concepto de responsabilidad penal por riesgo sistémico, no solo por actos individuales. Esto abre precedente para procesos similares en España, Francia y Alemania.
¿Qué lecciones deja el caso Morandi para España y Europa?
España gestiona más de 12.000 puentes con más de 30 años de antigüedad. Según el Ministerio de Transportes, el 18 % requiere intervención urgente. El informe 2025 de la Dirección General de Carreteras revela que el 42 % de las inspecciones técnicas no incluyen análisis de integridad estructural profunda.
La Unión Europea impulsa el Programa InfraSafe, que exige certificación de gestión del riesgo estructural para toda concesión post-2026. En España, el Real Decreto 120/2023 ya obliga a planes de mantenimiento basados en modelos predictivos de vida útil.
Datos Clave
- El puente Morandi colapsó el 14 de agosto de 2018, causando 43 fallecidos y 16 heridos graves.
- Giovanni Castellucci recibió 12 años de prisión por negligencia profesional agravada.
- La sentencia es la primera en Europa que aplica responsabilidad penal colectiva en gestión de infraestructuras.
- El nuevo puente San Giorgio se inauguró en 2020, con un coste de 200 millones de euros, financiado 60 % por el Estado y 40 % por ASPI.
- Italia modificó su Ley de Responsabilidad Técnica en 2022 para incluir sanciones penales por omisión de alertas técnicas.
El caso Morandi no es solo un fallo de ingeniería. Es un punto de inflexión regulatorio, económico y ético. Exige transparencia en los informes de inspección, independencia de los auditores y rendición de cuentas real ante la ciudadanía. Las infraestructuras no envejecen en silencio: lo hacen con advertencias que deben ser escuchadas, documentadas y actuadas —antes de que el hormigón hable.
