Un juzgado en Tarija, Bolivia, inició el 11 de mayo de 2026 el juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata agravada de personas. La Fiscalía vincula el caso con una menor de edad con quien Morales habría tenido una hija durante su mandato (2006–2019). El proceso se desarrolla en un contexto de crisis económica, protestas sociales y tensión institucional.
¿Qué acusa la Fiscalía a Evo Morales?
La Fiscalía boliviana imputa a Morales el delito de trata agravada de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal boliviano. La acusación se basa en una relación con una menor de edad que, según la denuncia, dio lugar al nacimiento de una niña. El caso incluye a una segunda persona, de sexo femenino, también imputada.
El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija confirmó la apertura del juicio tras notificaciones por edicto. No se realizó una notificación personal, como exige el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal. Esa omisión es el eje de la impugnación de la defensa.
¿Por qué la defensa rechaza el juicio?
Los abogados de Morales, liderados por Wilfredo Chávez, argumentan que el proceso carece de validez formal. No hubo notificación personal al acusado, violando garantías procesales mínimas. Además, señalan que Morales reside en el Trópico de Cochabamba y no fue citado directamente.
Chávez calificó el juicio como persecución política, vinculándolo a un escenario de inestabilidad: inflación récord, paros mineros y movilizaciones sindicales. Según su lectura, el caso busca desviar la atención de los problemas estructurales del país.
¿Qué dice la ley boliviana sobre la notificación en juicios penales?
El Código de Procedimiento Penal boliviano exige notificación personal en casos de delitos graves. El artículo 137 establece que, si el imputado no es localizado, se puede recurrir a edictos —pero solo tras agotar todos los medios de localización. La Fiscalía no ha acreditado ese agotamiento.
La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que los edictos no sustituyen la garantía de defensa técnica. En 2023, la Sala Penal Plurinacional anuló tres procesos similares por esta misma causa.
¿Qué implica la figura de «trata agravada»?
La trata agravada implica explotación sexual, laboral o servil de menores de edad. Su sanción va de 15 a 25 años de prisión. Pero la jurisprudencia exige prueba contundente de coacción, engaño o abuso de vulnerabilidad. No basta una relación consensuada con una menor: debe demostrarse explotación.
¿Cuál es el impacto económico y político del juicio?
El juicio se abre en un momento crítico para Bolivia. El PIB creció apenas 1,2 % en 2025, la inflación supera el 14 % y las reservas internacionales cayeron un 22 % interanual. Las protestas en Oruro, Potosí y Santa Cruz han paralizado carreteras y minas.
Institucionalmente, el caso tensiona la separación de poderes. El Tribunal de Tarija depende del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros fueron elegidos en 2024 bajo fuertes cuestionamientos de transparencia. Organismos como la CIDH ya pidieron garantías procesales para Morales.
¿Qué dice el marco internacional?
La Convención de Palermo y la Convención sobre los Derechos del Niño exigen que los procesos contra menores respeten el interés superior del niño. La Corte Interamericana ha advertido que los juicios mediáticos sin garantías afectan la presunción de inocencia, un pilar del Estado de Derecho.
Datos Clave
- El juicio se inició el 11 de mayo de 2026 en Tarija, sin la presencia de Evo Morales.
- La acusación se basa en el artículo 153 del Código Penal boliviano: trata agravada de personas.
- La defensa denuncia la falta de notificación personal, violando el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal.
- El caso incluye a una segunda imputada, de sexo femenino, cuya identidad no ha sido revelada.
- La CIDH y la OEA han expresado preocupación por la observancia de garantías procesales.
- Bolivia registra una inflación del 14,3 % y una caída del 22 % en reservas internacionales en 2025.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La audiencia inicial debe definir si procede la apertura formal del juicio oral. Si se confirma, se fijará un calendario de pruebas, testigos y peritajes. Pero la defensa ya anunció que apelará cualquier resolución que ignore la nulidad procesal. El Tribunal Constitucional podría intervenir si se alega violación de derechos fundamentales.
El caso no solo define el futuro legal de Morales. Pone a prueba la solidez del sistema de justicia boliviano ante la opinión pública nacional e internacional. Su resolución influirá en la credibilidad de las instituciones y en la estabilidad política previa a las elecciones generales de 2027.
