La reciente propuesta presentada por el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha generado un intenso debate en el ámbito político español. Esta iniciativa busca la ilegalización y disolución de aquellas asociaciones que realicen apología del terrorismo, en especial aquellas que glorifican a miembros de la banda terrorista ETA. Catalán ha expresado su preocupación por el hecho de que el culto a ETA y a sus terroristas persiste en la sociedad, lo que considera una aberración democrática. En su exposición de motivos, el parlamentario ha recordado que ETA ha sido responsable de la muerte de 853 personas y ha dejado miles de heridos, además de haber amenazado y extorsionado a muchos más.
El diputado ha subrayado que es inaceptable que las víctimas del terrorismo, quienes han sufrido la pérdida de seres queridos, tengan que ver cómo se rinde homenaje a sus verdugos. Esta situación ha llevado a Catalán a solicitar al Gobierno que modifique la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación, para incluir como causa de disolución de una asociación el realizar actividades que constituyan apología del terrorismo. Esto incluiría el ensalzamiento de la banda terrorista ETA o cualquier otra organización terrorista, así como la humillación de la dignidad de las víctimas del terrorismo.
### La Realidad del Enaltecimiento del Terrorismo
Catalán ha presentado datos alarmantes sobre el enaltecimiento del terrorismo en diversas regiones de España. Según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), se han documentado 158 actos de enaltecimiento en Vizcaya, 145 en Guipúzcoa, 60 en Navarra, 24 en Álava, 23 en otras provincias y 11 en el extranjero, principalmente en el sur de Francia. Estos actos suelen coincidir con fiestas populares o fechas señaladas, convirtiéndose en contextos propicios para rendir homenaje a ETA y a sus miembros, tanto a los fallecidos como a los encarcelados.
Catalán ha denunciado que incluso algunos ayuntamientos han incluido en sus redes sociales o programas oficiales de fiestas brindis o reivindicaciones en defensa de los presos de ETA, lo que considera una falta de respeto hacia las víctimas. La calificación de «presos políticos» a etarras condenados por asesinatos es otro aspecto que ha generado controversia, ya que se considera que este tipo de lenguaje minimiza la gravedad de sus crímenes y el sufrimiento de las víctimas.
La propuesta de UPN ha encontrado eco en diversos sectores de la sociedad, que consideran que es necesario tomar medidas más contundentes contra el enaltecimiento del terrorismo. La idea de que las asociaciones que glorifican a ETA puedan operar libremente en la sociedad es vista como una amenaza a la memoria de las víctimas y a la democracia misma. La modificación de la ley que se propone busca cerrar la puerta a cualquier tipo de apología del terrorismo, asegurando que las víctimas no sean olvidadas y que su sufrimiento no sea trivializado.
### Reacciones y Perspectivas Futuras
La propuesta de Catalán ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras que algunos partidos apoyan la iniciativa, otros han expresado su preocupación por las implicaciones que podría tener en la libertad de expresión y en el derecho de asociación. La discusión sobre este tema es compleja y toca fibras sensibles en la sociedad española, donde el terrorismo ha dejado una huella profunda.
Es importante destacar que la lucha contra el terrorismo no solo implica acciones legales, sino también un trabajo de concienciación y educación en la sociedad. La promoción de la memoria histórica y el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas son fundamentales para construir una sociedad más justa y solidaria. La propuesta de UPN podría ser un paso hacia la erradicación del enaltecimiento del terrorismo, pero también debe ir acompañada de un esfuerzo por fomentar el respeto y la convivencia entre todos los ciudadanos.
El debate sobre la ilegalización de asociaciones que enaltezcan el terrorismo está lejos de ser un tema cerrado. A medida que se avanza en la discusión en el Congreso, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se implementan para garantizar que el sufrimiento de las víctimas del terrorismo no sea olvidado ni minimizado. La sociedad española se enfrenta a un reto importante: encontrar un equilibrio entre la defensa de los derechos fundamentales y la necesidad de proteger la memoria de aquellos que han sufrido a causa del terrorismo.
