La Agencia Tributaria de España se encuentra en un proceso de adaptación y fortalecimiento de sus mecanismos de control fiscal, especialmente en lo que respecta a las criptomonedas y a las grandes corporaciones. Con la llegada de nuevas normativas europeas, la administración tributaria se enfrenta a retos significativos que impactarán tanto a los contribuyentes como a las entidades financieras. En este artículo, exploraremos los cambios que se avecinan y cómo afectarán a la declaración de la renta y a la fiscalidad de las criptomonedas.
**Retos de la Nueva Normativa Fiscal**
El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, presentado por el Gobierno, destaca dos áreas clave que se consideran desafíos para la Agencia Tributaria: la regulación de las criptomonedas y la implementación del Impuesto Mínimo Global para multinacionales. Este último, que entrará en vigor en 2024, busca establecer un impuesto mínimo del 15% sobre las ganancias globales de las grandes corporaciones, con el objetivo de evitar la evasión fiscal a través de paraísos fiscales en la Unión Europea.
La transposición de la Directiva 2022/2523, que establece este impuesto, plantea un reto organizativo tanto para los contribuyentes como para la Agencia Tributaria. Aunque las primeras declaraciones relacionadas con este impuesto se presentarán en 2026, la complejidad de su implementación requerirá una preparación exhaustiva durante 2025. Además, se introducirá un nuevo impuesto sobre los márgenes de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras, así como un impuesto sobre productos relacionados con el tabaco, incluyendo líquidos para cigarrillos electrónicos.
**Mayor Vigilancia sobre las Criptomonedas**
La creciente popularidad de las criptomonedas ha llevado a la Agencia Tributaria a intensificar sus esfuerzos de control. La administración está enfocándose en las empresas que utilizan métodos de pago alternativos, como los neobancos y plataformas de pago digital, para evitar que estas vías se conviertan en herramientas de evasión fiscal. La AEAT está recopilando información sobre las empresas que operan en el ámbito de las criptomonedas, con el fin de aumentar la transparencia y el cumplimiento tributario en este sector.
El Plan de Control Tributario también menciona la importancia de seguir de cerca las inversiones en criptoactivos, así como la fuente de ingresos y patrimonio de los inversores. La Agencia Tributaria está trabajando en colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para supervisar el mercado de criptomonedas y garantizar que los inversores cumplan con sus obligaciones fiscales.
La directiva DAC 8, que se implementará en 2026, permitirá el intercambio automático de información sobre criptoactivos entre los países de la UE. Esta medida es crucial para abordar la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, que ha dificultado el cumplimiento tributario. La Comisión Europea ha enfatizado la necesidad de una cooperación internacional sólida para garantizar la recaudación de impuestos sobre las ganancias de capital generadas por estos activos.
A medida que se acerca la campaña de la declaración de la renta de 2024, la Agencia Tributaria ya está tomando medidas para preparar a los contribuyentes ante estos cambios. Se espera que la presión sobre los inversores en criptomonedas aumente, con advertencias sobre inspecciones y posibles sanciones para aquellos que no cumplan con las nuevas normativas.
La implementación de estas regulaciones no solo afectará a las grandes corporaciones y a los inversores en criptomonedas, sino que también tendrá un impacto en la economía en general. La lucha contra la evasión fiscal y la promoción de un sistema tributario más justo son objetivos que el Gobierno español está priorizando, y la Agencia Tributaria jugará un papel fundamental en este proceso.
En resumen, la Agencia Tributaria se enfrenta a un panorama fiscal en constante evolución, marcado por la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades del mercado, especialmente en lo que respecta a las criptomonedas y a la fiscalidad de las grandes empresas. La preparación y la implementación de estas normativas serán cruciales para garantizar un sistema tributario eficiente y equitativo en el futuro.
