La reciente imputación de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, ha desatado un torbellino de reacciones en el ámbito político y judicial. Esta situación se origina a raíz de una querella presentada por el partido ultraderechista Vox, que ha intensificado su ofensiva judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La querella, admitida a trámite el 6 de mayo de 2025, sostiene que Aguirre, en su calidad de exsecretario general de la Presidencia, fue responsable de la contratación de Cristina Álvarez, asistente personal de Gómez, y que dicha contratación podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.
La decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a Aguirre ha suscitado inquietudes sobre la imparcialidad de la justicia en este caso. Desde el Gobierno, se ha cuestionado la objetividad del magistrado, quien ha sido acusado de tener vínculos con Vox, lo que podría influir en sus decisiones judiciales. La imputación ha sido celebrada por Vox como un avance en su cruzada por la «depuración de responsabilidades» en lo que consideran un uso indebido de recursos públicos.
### La Querella de Vox y sus Implicaciones
La querella presentada por Vox no solo se centra en la figura de Francisco Martín Aguirre, sino que también incluye a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Según la formación ultraderechista, Álvarez habría utilizado su posición en la administración pública para llevar a cabo funciones ajenas a su puesto, asistiendo a Gómez en actividades privadas. Vox argumenta que Aguirre, como superior jerárquico de Álvarez, consentía o facilitaba esta situación, lo que justificaría su imputación por malversación de fondos públicos.
La imputación de Aguirre ha generado un clima de tensión en el Gobierno, donde se teme que la política esté interfiriendo en el proceso judicial. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado su preocupación por la imparcialidad del juez Peinado, sugiriendo que su actuación podría estar influenciada por intereses ajenos a la justicia. Bolaños ha defendido la legalidad de la contratación de Álvarez, argumentando que es común que las esposas de los presidentes del Gobierno cuenten con asistentes personales para sus actividades institucionales.
La querella de Vox se suma a una serie de acciones judiciales emprendidas por el partido contra Begoña Gómez y su entorno. Anteriormente, Vox había presentado una querella por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Sin embargo, un juzgado de Madrid desestimó la acusación de tráfico de influencias, al no encontrar indicios de delito en la actuación de Gómez.
### Reacciones y Estrategias Políticas
La imputación de Francisco Martín Aguirre ha sido recibida con entusiasmo por parte de Vox, que ha utilizado las redes sociales para celebrar cada avance en su estrategia judicial. A través de su cuenta en la red social X, la formación ha compartido mensajes que destacan la importancia de su querella, afirmando que «la Justicia imputa gracias a una querella de VOX». Este enfoque ha sido comparado con las tácticas de comunicación de otros líderes políticos que han utilizado la judicialización de la política como una herramienta para ganar apoyo popular.
Por otro lado, la preocupación por la imparcialidad del juez Peinado ha llevado a los socialistas a cuestionar la legitimidad de las acciones judiciales en este caso. Las estrechas relaciones entre el juez y Vox han sido objeto de escrutinio, especialmente considerando que la causa contra Gómez se abrió a raíz de una denuncia presentada por el pseudossindicato Manos Limpias, vinculado a la formación ultraderechista. Esta conexión ha alimentado las sospechas de que la política está influyendo en el proceso judicial, lo que podría tener repercusiones significativas en la percepción pública de la justicia en España.
La situación actual refleja un clima de polarización en el que las acciones judiciales se entrelazan con la estrategia política de Vox. La formación ultraderechista ha encontrado en la judicialización un medio para desgastar al Gobierno de Sánchez, utilizando cada imputación como un arma en su arsenal político. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará en cómo este caso influirá en la dinámica política en España y en la percepción de la justicia como un pilar fundamental de la democracia.
