Un grupo de más de un centenar de juristas españoles ha emitido un contundente comunicado en el que denuncia la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y posibles actos de genocidio por parte del Estado de Israel en Gaza. Este pronunciamiento proviene del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), que incluye a destacados penalistas, entre ellos exvicepresidentes y magistrados eméritos de tribunales superiores. La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación en Gaza, donde las hostilidades han dejado un saldo devastador de víctimas civiles y destrucción.
La declaración de los juristas subraya la necesidad de que tanto España como la Unión Europea se personen en los procesos penales internacionales contra Israel, así como la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el país. Los firmantes argumentan que las acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza constituyen violaciones graves del derecho internacional, y que la comunidad internacional, en particular Estados Unidos y la UE, han mostrado una pasividad alarmante ante estos hechos.
### La Responsabilidad Internacional y el Papel de España
En su comunicado, los juristas expresan un profundo rechazo a la conducta del Gobierno israelí, señalando que este ha incumplido de manera reiterada las resoluciones de las Naciones Unidas desde 1947. La ocupación y anexión de territorios que nunca han sido reconocidos internacionalmente son citados como ejemplos de la impunidad con la que actúa Israel. Además, critican la postura de la comunidad internacional, que a menudo se ha mostrado equidistante o incluso favorable a Israel, lo que consideran un obstáculo para la paz en la región.
El GEPC hace un llamado específico a las autoridades españolas para que asuman un papel activo en la búsqueda de justicia. Piden que se impulsen investigaciones y se presenten querellas por los delitos presuntamente cometidos por dirigentes israelíes. También abogan por la aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal, que permitiría a los tribunales españoles juzgar crímenes de guerra cometidos en el extranjero.
La declaración también menciona la necesidad de que las autoridades palestinas se comprometan a renunciar a cualquier comportamiento terrorista, lo que, según los juristas, es esencial para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto. Sin embargo, enfatizan que la responsabilidad principal recae sobre Israel, que debe rendir cuentas por sus acciones.
### La Reacción de la Comunidad Internacional
Los juristas españoles no solo critican la inacción de sus propios gobiernos, sino que también hacen un llamado a la comunidad internacional para que se involucre de manera decidida en la resolución del conflicto. En su comunicado, subrayan que la historia de Europa, marcada por el exterminio y genocidio del pueblo judío, no justifica la inacción actual frente a las violaciones de derechos humanos en Gaza. La hipocresía de algunos estados europeos, que han sido testigos de atrocidades en el pasado, es un tema recurrente en sus declaraciones.
El GEPC exige que se prohíban los intercambios comerciales con Israel relacionados con el suministro militar, y que se rompan las relaciones diplomáticas y comerciales con el país. Esta medida, argumentan, podría favorecer una reacción de la sociedad israelí hacia un cambio en la política del Gobierno de Netanyahu.
La denuncia de estos juristas se suma a un creciente clamor internacional por justicia y rendición de cuentas en el contexto del conflicto israelo-palestino. A medida que las hostilidades continúan y la situación humanitaria en Gaza se deteriora, la presión sobre los gobiernos para que actúen se intensifica. La comunidad internacional enfrenta un dilema: ¿cómo equilibrar la necesidad de justicia con la realidad política y diplomática en la región?
La situación en Gaza es un recordatorio doloroso de las complejidades del conflicto y de la urgencia de una solución que respete los derechos humanos de todos los involucrados. La declaración del GEPC es un paso más en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas, y plantea preguntas difíciles sobre el papel de la comunidad internacional en la promoción de la paz y la justicia en una de las regiones más conflictivas del mundo.
