En los últimos meses, el juez Juan Carlos Peinado ha acaparado la atención mediática no por sus logros en el ámbito judicial, sino por las controversias que rodean su actuación en casos de alta carga política. Su papel en la instrucción de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha reavivado el debate sobre el uso de la justicia como herramienta política, un fenómeno conocido como lawfare. Este artículo examina el historial del juez Peinado y las implicaciones de sus decisiones en el contexto actual de la política española.
La trayectoria del juez Peinado ha estado marcada por decisiones que han suscitado críticas tanto de juristas como de observadores políticos. En particular, su manejo de la querella presentada por la organización HazteOír, que se basa en informaciones periodísticas no verificadas y carece de pruebas directas, ha sido objeto de escrutinio. A pesar de la falta de fundamento, el juez admitió la querella y comenzó las diligencias sin consultar previamente a la Fiscalía, lo que contraviene la práctica judicial habitual. Esta falta de transparencia ha generado un clima de desconfianza y ha llevado a cuestionar la imparcialidad de su actuación.
Además, la decisión de citar a declarar a Begoña Gómez sin informarle adecuadamente de los motivos de la investigación ha sido vista como una violación de sus derechos fundamentales. Este tipo de irregularidades no son nuevas en la carrera de Peinado, quien ha sido corregido en múltiples ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid. En varios casos, sus autos han sido revocados, a menudo con severos reproches sobre la falta de base jurídica y el incumplimiento de derechos procesales.
Uno de los episodios más destacados fue el caso de la Editorial Santillana, donde el juez abrió una causa penal a instancias de Vox por supuestas injurias en un libro de texto. La Audiencia revocó su decisión, subrayando que las personas jurídicas no pueden ser procesadas por injurias y que los hechos estaban prescritos. Este tipo de correcciones pone de manifiesto un patrón de decisiones judiciales que parecen más motivadas por intereses ideológicos que por criterios jurídicos sólidos.
El Tribunal Constitucional también ha tenido que intervenir en el pasado para corregir a Peinado. En una sentencia, se determinó que había vulnerado derechos fundamentales al enviar a prisión a un acusado sin garantizar su derecho a la defensa. Este tipo de errores graves no solo comprometen la validez de las instrucciones, sino que también alimentan la percepción de que el juez actúa de manera arbitraria y sin el debido respeto a las garantías procesales.
La sombra del lawfare se cierne sobre el caso de Begoña Gómez, especialmente en un contexto donde la guerra judicial entre partidos políticos se ha intensificado. La elección de Peinado para instruir esta causa no parece ser una coincidencia, sino más bien un reflejo de un sistema judicial que puede ser manipulado para fines políticos. La instrumentalización de la justicia para atacar a adversarios políticos es un fenómeno preocupante que amenaza la integridad del sistema judicial y la confianza pública en él.
El historial de Peinado no se limita a la esfera penal. En 2012, fue condenado a pagar más de 75,000 euros por incumplimiento de contrato con una empresa de reformas, lo que demuestra que su trayectoria está marcada por decisiones cuestionables en diversos ámbitos. Este tipo de antecedentes refuerza la idea de que su actuación en casos de relevancia política puede estar influenciada por factores ajenos a la justicia.
La creciente preocupación por el uso de la justicia como arma política ha llevado a un debate más amplio sobre la independencia del poder judicial en España. La percepción de que ciertos jueces pueden actuar de manera sesgada o influenciada por intereses políticos es un tema que merece atención. La confianza en el sistema judicial es fundamental para el funcionamiento de una democracia, y cualquier indicio de parcialidad puede tener consecuencias graves.
En este contexto, es crucial que se establezcan mecanismos que garanticen la independencia y la imparcialidad del poder judicial. La transparencia en los procesos judiciales y el respeto a los derechos fundamentales son pilares esenciales que deben ser defendidos para evitar que la justicia se convierta en un instrumento de persecución política. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la justicia en España y la necesidad de protegerla de la instrumentalización política.
El caso del juez Peinado es solo un ejemplo de un fenómeno más amplio que afecta a la política y la justicia en España. La lucha por la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales es un desafío que requiere la atención de todos los actores involucrados. La sociedad civil, los juristas y los políticos deben trabajar juntos para garantizar que la justicia se administre de manera justa y equitativa, sin interferencias externas que puedan comprometer su integridad.
