La reciente decisión de la Generalitat de Cataluña y AENA de avanzar en la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha generado un gran revuelo en el ámbito económico y ambiental. Con una inversión que oscila entre los 2.000 y 3.000 millones de euros, este proyecto busca no solo modernizar las instalaciones, sino también posicionar a Barcelona como un hub internacional clave en el tráfico aéreo. Sin embargo, este ambicioso plan no está exento de controversias y desafíos, especialmente en lo que respecta a su impacto ambiental.
### Inversiones y Proyectos de Ampliación
El acuerdo alcanzado entre la Generalitat, el Gobierno central y AENA contempla una serie de intervenciones significativas. Entre las más destacadas se encuentra la prolongación de la tercera pista del aeropuerto, que podría extenderse hasta 500 metros, y la construcción de una nueva terminal satélite junto a la Terminal 1. Estas mejoras están diseñadas para absorber el creciente número de vuelos, particularmente los intercontinentales, y así fortalecer la posición de Barcelona como una puerta de entrada entre Europa, América y Asia.
Además de estas obras, se prevén reformas en las Terminales 1 y 2, así como mejoras en las áreas de estacionamiento. Un aspecto innovador del proyecto es la iniciativa de renaturalización de casi 300 hectáreas del parque agrario del delta del Llobregat, que busca mitigar los impactos medioambientales que puedan derivarse de las obras. Este enfoque dual de crecimiento y sostenibilidad es fundamental para el éxito del proyecto, especialmente considerando el récord de 55 millones de pasajeros que se registró en 2024, lo que ha llevado al aeropuerto a operar al límite de su capacidad.
### Desafíos Ambientales y Políticos
A pesar de las ventajas económicas que se esperan de la ampliación, el proyecto enfrenta una serie de obstáculos, especialmente en el ámbito político y ambiental. Los socios de investidura del PSC, como ERC y los Comuns, han expresado su preocupación por el impacto del aumento del tráfico aéreo en el cambio climático. La alcaldesa de El Prat, Alba Bou, ha manifestado su oposición al proyecto, argumentando que no es beneficioso ni para el ecosistema ni para la comunidad local. Bou anticipa que la Comisión Europea podría rechazar la ampliación debido a su afectación a espacios protegidos en el delta.
Por otro lado, la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, ha respaldado el acuerdo, enfatizando que se pueden lograr desarrollos económicos sin comprometer la calidad de vida de los vecinos. Este tipo de divisiones políticas refleja la complejidad del debate en torno a la ampliación del aeropuerto, donde se entrelazan intereses económicos, ambientales y sociales.
El inicio formal de las obras está previsto para integrarse en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), cuyo próximo periodo comenzará en 2027. AENA ya ha comenzado a canalizar una inversión preliminar que oscila entre 80 y 800 millones de euros para la remodelación inicial de la Terminal 1. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocado una comisión técnica para detallar el calendario y las fases de la obra, así como el impacto socioeconómico y ambiental del plan.
La ampliación del aeropuerto de El Prat representa una oportunidad significativa para el crecimiento económico de Cataluña, pero también plantea importantes interrogantes sobre la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. A medida que se avanza en este proyecto, será crucial encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno natural, un desafío que requerirá la colaboración de todas las partes involucradas.
