En un giro inesperado de los acontecimientos judiciales en España, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado una causa impulsada por el juez Juan Carlos Peinado, que había sido solicitada por el partido Vox contra la antigua Editorial Santillana, ahora conocida como Sanoma. Esta decisión, que se produce tras más de dos años de investigaciones, pone de manifiesto la falta de fundamento legal en la querella presentada por el grupo parlamentario de extrema derecha, que buscaba penalizar la inclusión de un gráfico en un libro de texto que situaba a Vox en un espectro ideológico de extrema derecha.
La controversia comenzó en mayo de 2022, cuando el juez Peinado, a instancias de Vox, decidió abrir un procedimiento judicial contra la editorial por un mapa que, según la querella, vinculaba al partido con ideologías extremistas. Sin embargo, la realidad es que el texto en cuestión no menciona a Vox de manera directa ni lo califica como un partido nazi, como sostenía la acusación. La Audiencia ha dejado claro que la acusación carecía de base legal, lo que ha llevado al archivo del caso.
### La Desestimación de la Querella
La Audiencia Provincial ha dictado un fallo unánime en el que se declara el sobreseimiento libre de la causa, argumentando que no existe delito alguno. La magistrada ponente ha señalado que la empresa Sanoma, como persona jurídica, no puede ser acusada de injurias o calumnias, lo que invalidaba gran parte del procedimiento. Además, respecto a las dos editoras implicadas, se ha indicado que no se celebró el acto de conciliación requerido por ley, y dado que ha transcurrido más de un año desde la supuesta infracción, cualquier acción penal está extinguida por prescripción.
Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que, según el recurso de apelación de la defensa, Vox no aparece mencionado en el texto en cuestión. La única referencia al partido se encontraba en un gráfico que lo ubicaba como un partido conservador, más a la derecha que el Partido Popular. La Audiencia ha desmontado la afirmación de Vox de que se les atribuía una herencia nazi, dejando claro que la querella carecía de fundamento.
### Implicaciones del Caso
El archivo del caso no solo pone fin a un procedimiento judicial que muchos consideran sin sentido, sino que también revela la estrategia del partido Vox de judicializar cualquier crítica o análisis político, incluso en el ámbito educativo. Este tipo de acciones pueden tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y el debate académico, ya que pueden generar un clima de miedo entre educadores y editores que deseen abordar temas controvertidos.
La decisión de la Audiencia también ha sido respaldada por la Fiscalía, que había solicitado la anulación de una diligencia solicitada por el juez Peinado a la Comisaría General de Información, que aportó 180 episodios supuestamente relacionados con el caso. La Audiencia consideró que esta solicitud era desproporcionada y que producía una efectiva lesión en el derecho fundamental a la intimidad, tal como se establece en el artículo 18 de la Constitución Española.
Este caso pone de relieve la importancia de la independencia judicial y la necesidad de que los procedimientos legales se basen en evidencias sólidas y en el respeto a los derechos fundamentales. La actuación del juez Peinado ha sido criticada por su falta de rigor y por no haber verificado adecuadamente el contenido que motivó la querella, lo que ha llevado a la Audiencia a calificar la instrucción como carente de criterio penal.
La resolución de este caso también plantea preguntas sobre el uso de la justicia como herramienta política. La estrategia de Vox de intentar silenciar a sus críticos a través de acciones legales podría tener un efecto negativo en el discurso público y en la capacidad de los ciudadanos para expresar sus opiniones sin temor a represalias. En un contexto donde la polarización política es cada vez más evidente, es fundamental que se mantenga un espacio para el debate y la crítica constructiva.
En resumen, el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid no solo cierra un capítulo en este caso específico, sino que también envía un mensaje claro sobre los límites de la judicialización de la política. La justicia debe ser un espacio para la defensa de los derechos y libertades, y no un instrumento para acallar voces disidentes. La resolución de este caso es un recordatorio de la importancia de la verdad y la transparencia en el ámbito judicial, así como de la necesidad de proteger la libertad de expresión en todos sus ámbitos.
