El entorno político en España se encuentra en el centro de un nuevo escándalo que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Este empresario ha sido llamado a declarar como testigo en el Tribunal Supremo, donde se le exigirá aclarar su papel en la difusión de un correo que contiene una confesión sobre fraude fiscal. Este correo, que ha sido utilizado por su entorno como arma contra la Fiscalía General del Estado, plantea serias interrogantes sobre la naturaleza de la información y su manejo por parte de González Amador y su círculo cercano.
La citación de González Amador, programada para el 23 de mayo, marca un punto de inflexión en un caso que comenzó con una querella presentada por él mismo, en la que acusaba a la Fiscalía de revelar secretos. Sin embargo, un detalle crucial ha salido a la luz: el mismo correo que ahora se considera confidencial fue enviado a un abogado del Estado mucho antes de que el caso se hiciera público. Esto sugiere que la supuesta confidencialidad del contenido no era tan sólida como se había argumentado.
### La Revelación del Correo y sus Implicaciones
El correo en cuestión, enviado el 2 de febrero de 2024, contenía una propuesta de conformidad penal relacionada con una nueva denuncia por delito fiscal. Este hecho ha llevado a la Abogacía del Estado a solicitar que González Amador explique, bajo juramento, si él o alguien de su entorno fue responsable de filtrar la información a la prensa. La importancia de esta declaración radica en que, si se confirma que el correo fue divulgado por su círculo, se desmoronaría la base de su ofensiva penal contra la Fiscalía, ya que perdería su condición de «secreto».
Además, la Abogacía del Estado ha señalado que el propio entorno de González Amador nunca trató el contenido del correo como algo reservado. Esto se evidencia en el informe de los letrados del Estado, que subraya que el correo no tenía valor confidencial, incluso por parte del abogado del empresario. La Fiscalía también ha indicado que la querella presentada por González Amador no menciona que el mismo correo fue enviado a otro organismo oficial, lo que debería ser objeto de explicación.
### La Filtración de Miguel Ángel Rodríguez
El escándalo se complica aún más con la implicación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. En su declaración ante el juez, Rodríguez admitió haber distribuido una versión manipulada de los intercambios entre González Amador y el fiscal del caso. Este hecho ha generado una gran controversia, ya que el correo que difundió era auténtico y provenía de la bandeja de entrada de González Amador. La defensa de García Ortiz, el fiscal implicado, sostiene que el objetivo de Rodríguez era construir una narrativa falsa que desacreditara a la Fiscalía, justo cuando el escándalo por el fraude fiscal comenzaba a tomar fuerza.
Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han encontrado pruebas que sugieran que García Ortiz o su equipo filtraron el correo. Sin embargo, hay evidencias que apuntan a un caos interno provocado por la maniobra de Rodríguez, con fiscales solicitando información urgente para contrarrestar lo que ya se calificaba como una campaña de desinformación. Los mensajes y correos intervenidos indican que, si hubo una filtración, no provino del Ministerio Público, sino del entorno de González Amador.
El juez Ángel Hurtado, que ha estado a cargo del caso, ha evitado profundizar en la cuestión de la filtración. A pesar de que Rodríguez reconoció haber difundido el correo, el magistrado consideró que la difusión se realizó con la autorización de González Amador. Sin embargo, con la nueva citación, el empresario deberá aclarar si también autorizó la difusión del correo en el que reconoce sus delitos y que revela que fue él quien se acercó a la Fiscalía buscando un pacto. Este dato podría cambiar radicalmente la narrativa que ha construido en los últimos meses.
La situación se vuelve aún más compleja cuando se considera el impacto de esta filtración en la imagen pública de González Amador. El juez Hurtado ha reconocido en algunos autos que la difusión del correo provocó que comenzara a ser llamado «defraudador confeso», un término que el empresario ahora busca perseguir por la vía civil, reclamando indemnizaciones. La causa, por lo tanto, se adentra en una fase crucial, donde González Amador deberá enfrentar las preguntas que ha evitado durante meses, mientras el escándalo continúa desarrollándose en el ámbito político español.
