El monasterio de Belorado, ubicado en la provincia de Burgos, se ha convertido en el epicentro de un intenso conflicto judicial entre un grupo de exmonjas y el Arzobispado de Burgos. Desde que las exclarisas decidieron abandonar la Iglesia católica hace un año, han estado involucradas en múltiples procesos legales que abarcan desde demandas de desahucio hasta acusaciones de coacciones y administración desleal. Este artículo explora las complejidades de este caso, que no solo involucra cuestiones de propiedad, sino también derechos fundamentales y la transformación de entidades religiosas.
Las exmonjas, que hicieron pública su decisión el 13 de mayo de 2024, han estado en el centro de una serie de acusaciones cruzadas con el Arzobispado. La disputa principal gira en torno a quién tiene la representación legal de la comunidad religiosa y quién es el legítimo propietario del monasterio. El Arzobispado sostiene que, tras la excomunión de las diez cismáticas, la comunidad religiosa de Santa Clara de Belorado, junto con la de Derio, está compuesta por las cinco monjas no excomulgadas, quienes son las legítimas dueñas del patrimonio asociado a la entidad religiosa. En este contexto, el arzobispo Mario Iceta ha sido nombrado comisario pontificio por la Santa Sede, lo que le otorga la representación legal de la comunidad.
Por otro lado, las exmonjas argumentan que su decisión de transformar las entidades religiosas en asociaciones civiles les otorga plenos poderes sobre su patrimonio. Sin embargo, esta transformación ha sido rechazada por los Ministerios del Interior y Justicia, lo que ha llevado a las exmonjas a presentar contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La situación se complica aún más con la demanda de desahucio presentada por el Arzobispado, que considera a las exmonjas como ‘okupas’ del monasterio tras su excomunión el 22 de mayo de 2024.
La primera vista del juicio estaba programada para el 13 de mayo, pero fue suspendida debido a la recusación de la jueza por parte de los abogados de las exmonjas, quienes cuestionaron su imparcialidad en otros casos relacionados. Este retraso ha añadido más tensión a un conflicto que ya es complejo y emocionalmente cargado.
### La Transformación de Entidades Religiosas y la Libertad Religiosa
Uno de los aspectos más interesantes de este caso es la cuestión de la transformación de entidades religiosas en asociaciones civiles. Las exmonjas defienden que esta transformación es válida y se enmarca dentro de su derecho fundamental a la libertad religiosa. Este derecho, reconocido en diversas legislaciones, permite a los individuos y grupos organizarse y practicar su fe de la manera que consideren adecuada.
Sin embargo, los Ministerios del Interior y Justicia no comparten esta visión y han rechazado la inscripción de las asociaciones civiles de Belorado y Derio en el Registro Nacional de Asociaciones. A pesar de esto, han anotado la designación de Iceta como representante legal, lo que ha llevado a las exmonjas a plantear contenciosos adicionales. Este aspecto del caso pone de relieve la tensión entre la autonomía de las comunidades religiosas y la regulación estatal, un tema que ha sido objeto de debate en muchas jurisdicciones.
### Acusaciones de Coacciones y Estafa
El conflicto no se limita a la cuestión de la propiedad y la representación legal. También incluye acusaciones de coacciones y administración desleal. Cuatro de las exmonjas han presentado una denuncia contra el arzobispo Iceta, alegando que ha ejercido coacciones sobre ellas y ha administrado de manera desleal los bienes de la comunidad. Esta denuncia se encuentra actualmente en trámite de diligencias previas en el Juzgado de Briviesca.
Además, se ha abierto una investigación por estafa indebida contra tres exmonjas, incluida la exabadesa, relacionada con la venta de 1,73 kilos de oro en enero, que generó 130,000 euros. Esta venta se realizó en nombre de la comunidad religiosa de Belorado, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad de la transacción y el uso de los fondos obtenidos.
Por si fuera poco, las Clarisas de Vitoria han interpuesto una demanda por incumplimiento del contrato de compraventa del monasterio de Orduña, que las exmonjas de Belorado se comprometieron a pagar en 2022 y 2023. Sin embargo, los pagos nunca se realizaron, ya que la Santa Sede bloqueó la venta del monasterio de Derio, que era la fuente de financiamiento prevista para cumplir con esta obligación.
El caso del monasterio de Belorado es un ejemplo de cómo las disputas internas en comunidades religiosas pueden escalar a conflictos legales complejos, involucrando derechos fundamentales, cuestiones de propiedad y acusaciones graves. A medida que avanza el proceso judicial, será interesante observar cómo se resuelven estas tensiones y qué precedentes se establecen en el ámbito de la libertad religiosa y la gestión de entidades religiosas.
