En un reciente comunicado, la empresa ACS ha aclarado su desvinculación de actividades en asentamientos israelíes, tras la inclusión de su nombre en una lista de la ONU que agrupa a empresas que operan en estos territorios. La compañía, presidida por Florentino Pérez, ha solicitado formalmente a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que se elimine su nombre de dicha lista, argumentando que su vinculación con los asentamientos cesó en 2021, cuando vendió la empresa SEMI, que era la que operaba en esos territorios. ACS enfatiza que actualmente no desarrolla ninguna actividad en Israel ni en los asentamientos, lo que refuerza su posición de que la inclusión en la lista es incorrecta.
La ONU, por su parte, ha ampliado su lista a 158 empresas vinculadas al desarrollo de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, considerados ilegales bajo el Derecho Internacional. Esta lista incluye no solo a empresas israelíes, sino también a entidades de otros países, como Canadá, China, Francia, Alemania, entre otros. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha añadido 68 nuevas empresas a esta lista, que se dedican a actividades como la construcción y mantenimiento de asentamientos, demoliciones de propiedades palestinas y la explotación de recursos naturales en estas áreas.
La inclusión de ACS en esta lista ha generado un debate sobre la responsabilidad de las empresas en conflictos internacionales y la ética de operar en territorios considerados ocupados. La empresa ha manifestado su compromiso de operar dentro de los marcos legales y éticos, y su desvinculación de SEMI es un paso hacia la clarificación de su posición en este contexto.
Ineco, otra empresa española, también ha tomado medidas similares al desvincularse de actividades en territorios ocupados. La compañía, que depende del Ministerio de Transportes, ha aclarado que no tiene vínculos con contratos en territorios ilegales, sino que su trabajo se limita a áreas reconocidas internacionalmente. Sin embargo, su inclusión en la lista de la ONU se debe a que su proyecto de tranvía incluye una línea que llega a territorio ocupado, aunque su diseño se centra únicamente en la parte legal del proyecto.
La situación actual plantea interrogantes sobre cómo las empresas deben manejar sus operaciones en contextos de conflicto y ocupación. La presión internacional y las normativas sobre derechos humanos están llevando a muchas compañías a reevaluar sus vínculos y actividades en regiones conflictivas. La ONU ha hecho un llamado a las empresas para que actúen de manera responsable y eviten contribuir a la violación de derechos humanos en los territorios ocupados.
El debate sobre la responsabilidad empresarial en conflictos internacionales no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. Las empresas que operan en zonas de conflicto deben ser conscientes de las implicaciones legales y éticas de sus actividades. La presión de los consumidores y la comunidad internacional está llevando a muchas de ellas a adoptar políticas más estrictas en cuanto a sus operaciones en territorios disputados.
En este contexto, la respuesta de ACS y otras empresas que se han desvinculado de actividades en asentamientos israelíes refleja un cambio en la forma en que las corporaciones abordan su responsabilidad social y ética. La transparencia y la rendición de cuentas se están convirtiendo en elementos clave para mantener la confianza de los consumidores y la comunidad internacional.
A medida que la ONU continúa ampliando su lista de empresas vinculadas a asentamientos israelíes, es probable que más compañías se vean obligadas a revisar sus operaciones y a tomar medidas para evitar ser incluidas en futuras listas. La presión para actuar de manera responsable y ética en contextos de conflicto es cada vez más fuerte, y las empresas deben estar preparadas para adaptarse a este nuevo entorno.
La situación en los territorios palestinos ocupados sigue siendo un tema delicado y complejo, y las empresas que operan en estas áreas deben navegar cuidadosamente entre los desafíos legales, éticos y sociales que enfrentan. La desvinculación de ACS y otras empresas de sus actividades en asentamientos israelíes es un paso hacia una mayor responsabilidad empresarial, pero también plantea preguntas sobre el futuro de las operaciones comerciales en regiones de conflicto.
