En un contexto de creciente tensión laboral, el Grup Freixenet y los sindicatos han logrado un preacuerdo que busca mitigar el impacto del expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa había propuesto. Este acuerdo se produce tras una serie de protestas y huelgas por parte de los trabajadores, quienes han calificado el ERE de «terrorismo empresarial». Inicialmente, la compañía había planteado la reducción de 180 puestos de trabajo, pero gracias a las negociaciones y la presión ejercida por los empleados, esta cifra se ha reducido a 154 despidos.
Las manifestaciones de los trabajadores frente al Parlament catalán han sido un punto focal en esta lucha, donde exigieron una revisión de las condiciones laborales y la preservación de sus empleos. La situación ha sido valorada positivamente por el sindicato CC.OO., que ha destacado que el pacto incluye «medidas no traumáticas» y un plan para recuperar la actividad industrial. Sin embargo, la empresa ha optado por no hacer comentarios sobre el acuerdo alcanzado.
El preacuerdo establece que de los 154 despidos, 99 corresponderán a Freixenet y 55 a Segura Viudas. Un aspecto clave del acuerdo es que se priorizarán las bajas voluntarias y las jubilaciones anticipadas como métodos preferentes para reducir la plantilla. Esto significa que los trabajadores que decidan acogerse a estas opciones recibirán indemnizaciones y beneficios adicionales.
Para aquellos empleados menores de 55 años que opten por la baja voluntaria, se ha acordado una indemnización de 50 días por año trabajado, sin un límite máximo. En el caso de los trabajadores mayores de 55 años, se ha establecido un plan social que incluye un acompañamiento para quienes cumplan con los requisitos de jubilación anticipada. Además, la empresa se compromete a complementar mensualmente la prestación por desempleo para los trabajadores de entre 55 y 63 años, con diferentes cantidades según la franja de edad y una revalorización anual del 2%.
En caso de que las medidas voluntarias no sean suficientes para alcanzar el número de despidos necesarios, Freixenet ha establecido criterios de salida que incluyen una indemnización equivalente a la de un despido improcedente, garantizando un mínimo de 10.000 euros. Para los empleados menores de 55 años, también se ofrecerá el servicio de una empresa de recolocación y el derecho de contratación preferente durante dos años en caso de que surjan vacantes.
La empresa ha declarado que este plan representa un paso significativo para asegurar el futuro a largo plazo de Freixenet, al mismo tiempo que se mantiene una conexión profunda con sus raíces en la región. Este enfoque busca no solo reducir el impacto inmediato del ERE, sino también garantizar la sostenibilidad de la empresa en el futuro.
La situación en Freixenet no es un caso aislado en el panorama laboral español. Otras empresas también han anunciado despidos masivos y cierres de plantas, lo que refleja una tendencia preocupante en el sector. Por ejemplo, Nissan ha comunicado su intención de despedir a 20.000 empleados y cerrar siete de sus plantas para 2027, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito laboral y social.
El contexto actual de la economía española, marcado por la incertidumbre y la necesidad de adaptación a nuevas realidades, ha llevado a muchas empresas a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, la respuesta de los trabajadores, a través de la organización y la protesta, ha demostrado ser un factor crucial en la negociación de condiciones más favorables.
Las acciones de los trabajadores de Freixenet son un ejemplo de cómo la movilización puede influir en las decisiones empresariales y en la protección de los derechos laborales. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será fundamental seguir de cerca cómo se implementan los acuerdos alcanzados y qué medidas adicionales se tomarán para garantizar la estabilidad laboral en la región. La lucha por los derechos laborales continúa siendo un tema central en la agenda social y política de Cataluña y de España en general.
