La reciente denuncia de abusos sexuales en el colegio Highlands El Encinar de La Moraleja, Madrid, ha desatado una ola de preocupación entre los padres de los alumnos. Este caso involucra al capellán del centro, Marcelino A.N., quien fue arrestado el pasado 6 de marzo tras recibir seis denuncias de agresiones sexuales a menores. En este contexto, varios padres han solicitado la suspensión de un taller de prevención de abusos que estaba programado para llevarse a cabo en el colegio, argumentando que podría interferir en el proceso judicial en curso.
### La Solicitud de Suspensión del Taller
El taller, denominado «Escudo de la dignidad», tenía como objetivo educar a los alumnos sobre la prevención de abusos infantiles y estaba programado para comenzar el 22 de mayo y extenderse hasta el 2 de junio. Sin embargo, los padres de las víctimas han expresado su preocupación de que la realización de este curso podría afectar las declaraciones que sus hijas deben prestar en el juzgado en las próximas semanas. En un escrito enviado a la inspección educativa, los padres argumentan que el taller podría generar un ambiente en el que las niñas se sientan presionadas a compartir información que podría ser manipulada o malinterpretada.
Los padres también han señalado que los facilitadores del taller no son imparciales y que su objetivo podría estar sesgado en favor del colegio. Según su perspectiva, la dirección del centro ha proporcionado información poco clara y ha minimizado la gravedad de las acusaciones desde que se conoció el caso. Por ello, han solicitado que, en caso de que el taller se lleve a cabo, se grabe en vídeo o audio para que pueda ser utilizado como evidencia en el proceso judicial.
### La Investigación Judicial
La investigación sobre los abusos en el colegio Highlands se encuentra en una fase crítica. Las niñas que han denunciado los hechos están programadas para testificar a principios de junio, en lo que se conoce como prueba preconstituida. Este procedimiento permite que su testimonio sea grabado, evitando que las menores tengan que revivir la experiencia traumática en múltiples ocasiones durante el juicio. La decisión de llevar a cabo este tipo de testimonio es fundamental para proteger a las víctimas y garantizar que su voz sea escuchada en el proceso judicial.
El capellán Marcelino A.N. enfrenta serias acusaciones, que incluyen tocamientos directos y agresiones sexuales. Según informes policiales, las denunciantes han descrito situaciones en las que el sacerdote les hacía bajar los pantalones y la ropa interior, o lo hacía él mismo con agresividad. Estas acusaciones han generado un clima de desconfianza entre los padres, quienes han manifestado su inquietud por la seguridad de sus hijos en el colegio.
La dirección del colegio ha intentado abordar la situación, pero la respuesta de algunos padres ha sido de desconfianza. En un primer momento, la subdirectora del centro reconoció que asumían el riesgo de que pudiera ocurrir algo, lo que ha aumentado la preocupación entre las familias. La falta de transparencia y la percepción de que la institución no está manejando adecuadamente la crisis han llevado a muchos a cuestionar la seguridad de sus hijos en el entorno escolar.
### La Reacción de la Comunidad Educativa
La situación en el colegio Highlands ha generado un debate más amplio sobre la seguridad infantil en las instituciones educativas y la responsabilidad de los colegios en la prevención de abusos. Muchos padres han comenzado a exigir cambios en las políticas de protección infantil y una mayor supervisión de las actividades que involucran a menores. La comunidad educativa se enfrenta a un desafío significativo: cómo garantizar un entorno seguro para los estudiantes mientras se aborda la complejidad de las denuncias de abuso.
La presión sobre el colegio para que implemente medidas efectivas de prevención y respuesta a situaciones de abuso es más fuerte que nunca. Las familias esperan que se tomen decisiones que prioricen la seguridad y el bienestar de los alumnos, y que se garantice que los responsables de cualquier conducta inapropiada enfrenten las consecuencias adecuadas.
A medida que avanza la investigación y se acerca la fecha de las declaraciones de las víctimas, la atención se centra en cómo el colegio y las autoridades judiciales manejarán este delicado asunto. La comunidad educativa y los padres están en un momento crítico, donde la protección de los menores debe ser la prioridad absoluta, y donde la transparencia y la justicia son esenciales para restaurar la confianza en el sistema educativo.
