La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a poner en el centro del debate la cuestión de la brecha de género en las pensiones en España. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno español para corregir las desigualdades económicas entre hombres y mujeres, los datos revelan que la situación sigue siendo alarmante. En abril de 2025, se registraron casi un millón de pensiones con el complemento para la reducción de la brecha de género, pero la mayoría de estas ayudas se destinan a mujeres, lo que ha llevado a una nueva controversia sobre la equidad de este sistema.
La brecha de género en las pensiones es un reflejo de las desigualdades laborales que persisten en la sociedad. Actualmente, la pensión media de un hombre en España es de 1.568,33 euros al mes, mientras que la de una mujer se sitúa en 1.076,53 euros, lo que representa una diferencia del 31%. Para abordar esta problemática, en 2016 se introdujo el complemento de maternidad por aportación a la demografía, que otorgaba un porcentaje adicional a las pensiones de las mujeres en función del número de hijos. Sin embargo, este complemento fue considerado discriminatorio por el TJUE, lo que llevó a su modificación.
El nuevo complemento para la reducción de la brecha de género se estableció con la intención de ser más equitativo. Este complemento se aplica desde el primer hijo y tiene un importe fijo de 35,90 euros mensuales por cada hijo, con un límite de cuatro hijos. Aunque está diseñado para ayudar a las mujeres, los hombres también pueden solicitarlo bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el TJUE ha señalado que la legislación española sigue siendo discriminatoria, ya que las mujeres reciben este complemento de forma automática, mientras que los hombres deben cumplir requisitos adicionales.
La reciente sentencia del TJUE ha generado un nuevo debate sobre la equidad del sistema de pensiones en España. Muchos hombres han comenzado a judicializar esta situación, argumentando que la normativa actual sigue perpetuando la discriminación. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se encuentra ahora en una encrucijada, a la espera de instrucciones sobre cómo proceder tras la sentencia. Esto podría llevar a la revisión de muchos complementos que han sido reconocidos o denegados desde 2021, especialmente aquellos dirigidos a hombres.
A pesar de estos cambios, la pregunta que persiste es si se están abordando las causas subyacentes de la desigualdad de género en el ámbito laboral. Las diferencias en los permisos de paternidad y maternidad, así como la carga desproporcionada de los cuidados familiares sobre las mujeres, son factores que contribuyen a esta brecha. Hasta diciembre de 2024, el 84,37% de las excedencias por cuidado familiar fueron solicitadas por mujeres, lo que indica que la responsabilidad de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre ellas.
Además, las diferencias salariales continúan siendo un problema significativo. Las mujeres en España ganan un promedio de 24.300 euros al año, en comparación con los 29.300 euros de los hombres, lo que representa una diferencia del 17%. Esta disparidad salarial se ve agravada por la alta proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial, lo que a su vez afecta su capacidad de cotización y, por ende, el importe de sus pensiones. Actualmente, hay 2.265.000 mujeres con contratos a tiempo parcial frente a 810.000 hombres, lo que resalta la desigualdad en el acceso a empleos a tiempo completo.
La situación actual plantea la necesidad de un enfoque más integral para abordar la desigualdad de género en el ámbito laboral y de pensiones. Las políticas deben centrarse no solo en la corrección de las desigualdades existentes, sino también en la prevención de su aparición. Esto incluye la promoción de la igualdad en los permisos de paternidad y maternidad, así como la implementación de medidas que fomenten la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y la familia.
La brecha de género en las pensiones es un tema complejo que requiere un análisis profundo y un compromiso real por parte de las instituciones. La reciente decisión del TJUE es un recordatorio de que, a pesar de los avances, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad en el ámbito de las pensiones y, en general, en el mercado laboral. La sociedad debe cuestionarse si las medidas actuales son suficientes o si es necesario un cambio más radical en la forma en que se distribuyen las responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres.
