La instrumentalización de los incendios forestales para fines partidistas no solo distorsiona la realidad, sino que debilita los mecanismos de prevención, respuesta y recuperación. Consideramos que convertir catástrofes colectivas en armas retóricas es una forma de negligencia institucional que pone en riesgo vidas y ecosistemas.
La retórica sustituye al diagnóstico técnico
Cuando un líder político atribuye incendios a la «mafia» o al «fanatismo climático», se desplaza la atención de factores verificables: sequía extrema, gestión forestal obsoleta, falta de inversión en brigadas especializadas o retrasos en planes de ordenación del territorio. Estos elementos están documentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Geográfico Nacional.
El dato no es opinable: el 92 % de los incendios en 2025 fueron causados por negligencia humana
Según el Informe Anual de Incendios Forestales del MITECO, solo el 3 % tuvo origen natural (rayos). El resto se vincula a prácticas agrícolas inadecuadas, quemas controladas mal gestionadas o abandono de tierras. Ningún informe oficial vincula la intensidad de los fuegos con políticas climáticas, sino con décadas de desinversión en vigilancia aérea y mantenimiento de cortafuegos.
La comparación internacional revela patrones estructurales, no ideológicos
Portugal y Grecia registraron en 2025 un 40 % más de superficie quemada que España, pese a tener gobiernos de distinto espectro. Ambos países comparten un rasgo clave: alta fragmentación parcelaria, envejecimiento rural y escasa coordinación entre administraciones autonómicas y locales. En España, la competencia compartida en protección civil genera duplicidades y vacíos legales —no ideologías— que dificultan la respuesta integrada.
En Francia, la creación de la Agencia Nacional de Protección Forestal (2022) redujo un 27 % los incendios mayores de 500 ha
Su modelo se basa en financiación estatal directa, formación continua de brigadistas y uso obligatorio de sensores IoT en zonas de alto riesgo. No requiere ni «fanatismo» ni «mafia» para funcionar: exige coherencia administrativa y presupuesto estable.
La corrupción real no es una metáfora política, sino un fallo institucional medible
Acusar genéricamente de «corrupción» sin evidencia específica socava la credibilidad de denuncias legítimas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción abrió 17 investigaciones por malversación en contratos de extinción de incendios. En 12 casos, los imputados pertenecían a empresas adjudicatarias en comunidades gobernadas por partidos de distinto signo. La corrupción no es ideológica: es sistémica y transversal.
El caso de la Junta de Castilla y León (2023) muestra que la falta de auditoría técnica, no la ideología, permite sobreprecios en servicios de helicópteros
Un informe de la Cámara de Cuentas detectó un 38 % de sobreprecio en contratos de apoyo aéreo. La causa no fue el «fanatismo climático», sino la ausencia de criterios técnicos obligatorios en las licitaciones.
El fondo del asunto
Los incendios no son síntomas de una «España de Nerón», sino de una crisis de gobernanza territorial acumulada desde los años 90. La Ley de Montes de 2003 nunca se desarrolló con financiación vinculada; las comunidades autónomas asumieron competencias sin transferencia de recursos ni estándares mínimos comunes. El abandono rural, la especulación urbanística en zonas de interfaz urbano-forestal y la falta de planes de gestión adaptativa al cambio climático son causas estructurales —no coyunturales ni ideológicas—. Históricamente, España ha priorizado la extinción sobre la prevención: entre 2015 y 2025, el 87 % del presupuesto forestal se destinó a extinción, frente al 13 % a prevención. En Finlandia, esa proporción es del 45 % / 55 %. La ética pública exige responsabilidad técnica, no metáforas virales.
