Off Campus, el fenómeno de Prime Video basado en las novelas de Elle Kennedy, enfrenta una nueva controversia: rumores sobre una brecha salarial entre sus protagonistas. Aunque las cifras virales —20.000 USD por episodio para Ella Bright y 30.000 USD para Belmont Cameli— generaron indignación en redes, la showrunner Louisa Levy las desmintió públicamente. Este caso refleja tensiones reales en el sector, donde la transparencia salarial sigue siendo excepción, no regla.
¿Existió realmente una brecha salarial en Off Campus?
No hay evidencia verificable que respalde las cifras difundidas. Louisa Levy, creadora y codirectora de la serie, respondió directamente en Instagram: «Comprobad vuestras fuentes. Esos números están muy lejos de ser correctos». Su declaración no solo niega los montos, sino que subraya su compromiso activo con la igualdad salarial entre géneros.
La producción opera bajo estándares contractuales de Amazon Studios, que, desde 2023, aplica cláusulas de equidad en casting y remuneración para proyectos de alto perfil. Aunque no es obligatorio por ley en España ni en la UE, sí forma parte de sus políticas internas de diversidad e inclusión.
¿Qué dice la ley sobre la brecha salarial en producciones audiovisuales?
En la Unión Europea, la Directiva 2023/970 obliga a empresas con más de 100 empleados a publicar informes salariales desglosados por género. Sin embargo, las producciones extranjeras rodadas en España —como Off Campus— suelen regirse por la legislación del país de origen (EE.UU.) y por convenios colectivos internacionales.
En España, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres exige transparencia salarial en empresas con más de 50 trabajadores. Pero los equipos técnicos y artísticos de series suelen operar bajo contratos temporales y sociedades de servicios, lo que dificulta su inclusión en estos informes.
¿Cómo afecta esto al mercado audiovisual español?
El auge de producciones internacionales en España —como Off Campus, The Last of Us o Troy: Fall of a City— genera más de 1.200 millones de euros anuales en inversión directa. Pero también expone una brecha estructural: mientras los actores internacionales negocian bajo sindicatos como SAG-AFTRA, los profesionales locales dependen de convenios como el de RTVE o la Federación de Asociaciones de Guionistas.
Esto genera disparidades en negociación colectiva, acceso a beneficios y protección legal. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector audiovisual español registra una brecha salarial del 18,4% entre hombres y mujeres —superior a la media nacional (12,7%).
¿Qué papel juegan los pódcasts y las redes en la desinformación salarial?
Los pódcasts no regulados actúan como amplificadores de rumores sin verificación. En este caso, la información se viralizó sin contrastar con fuentes primarias: ni los contratos, ni los sindicatos, ni los representantes legales de los actores. Esto socava la credibilidad periodística y alimenta narrativas simplificadas sobre la desigualdad.
¿Qué implica la respuesta de Louisa Levy para el futuro del showrunning?
Levy no solo desmintió cifras: posicionó su rol como showrunner como garante de equidad. Este término ya no designa solo a un creador, sino a un gestor de justicia laboral en la producción. Su declaración refuerza una tendencia creciente: los showrunners asumen responsabilidad ética sobre condiciones contractuales, diversidad de casting y transparencia salarial.
Datos Clave
- Las cifras virales sobre salarios en Off Campus fueron desmentidas por la showrunner Louisa Levy.
- Amazon Studios aplica políticas internas de igualdad salarial, aunque no sean exigidas por ley en todos los países.
- La brecha salarial en el sector audiovisual español es del 18,4%, según el INE (2025).
- La Directiva UE 2023/970 exige informes salariales desglosados, pero no se aplica a producciones extranjeras rodadas localmente.
- Los pódcasts y redes sociales actúan como vectores de desinformación no regulada, sin obligación de verificación previa.
El caso Off Campus no es un aislado. Es un espejo de cómo la industria navega entre presión pública, marcos legales fragmentados y la exigencia creciente de transparencia real, no solo discursiva. Mientras las plataformas escalan su poder productivo, su responsabilidad ética ya no se mide solo en audiencias, sino en equidad comprobable.
