El 28 de noviembre de 2026, los palestinos de Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este votarán en elecciones legislativas. Serán las primeras en 20 años. El decreto presidencial de Mahmud Abas marca un giro estratégico tras dos décadas de parálisis institucional. La comunidad internacional exige reformas democráticas como condición para seguir financiando a la Autoridad Nacional Palestina. El contexto es crítico: la credibilidad del gobierno se ha erosionado por la corrupción, la división política y la expansión de asentamientos israelíes.
¿Por qué estas elecciones son históricas tras 20 años de ausencia?
Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en 2006, cuando Hamás derrotó a Fatah, el partido de Abas. Esa victoria desencadenó una ruptura política irreversible. Desde 2007, el Consejo Legislativo Palestino no se ha reunido ni ha ejercido funciones. La ausencia de un parlamento funcional ha debilitado la gobernabilidad y la rendición de cuentas.
El decreto de 2026 no solo convoca comicios: reactiva un mecanismo constitucional en desuso. Su éxito depende de la participación de todos los territorios, especialmente de Jerusalén Este, donde Israel impide habitualmente el acceso a las urnas.
¿Qué desafíos legales y prácticos enfrentan los comicios?
La celebración de elecciones en Jerusalén Este es un requisito legal bajo el Acuerdo de Oslo y las leyes electorales palestinas. Sin embargo, Israel no reconoce la jurisdicción de la Autoridad Palestina en la ciudad. Esto genera una contradicción jurídica estructural.
La exclusión de Jerusalén Este podría anular los comicios
- La Corte Suprema Palestina exige que los votantes de Jerusalén participen para validar los resultados.
- Israel ha negado permisos de voto en 2017, 2021 y 2023 bajo argumentos de seguridad.
- La Unión Europea y la ONU han advertido que la exclusión invalidaría la legitimidad internacional del proceso.
¿Cómo impactan las elecciones en la economía palestina?
La ayuda internacional representa más del 30 % del presupuesto de la Autoridad Palestina. Donantes como la UE, Noruega y Japón condicionan sus fondos a avances democráticos y transparencia fiscal.
Datos Clave
- Las elecciones de 2026 son una condición previa para desbloquear 500 millones de euros en ayuda bilateral y multilateral.
- El 72 % de los ingresos fiscales de la ANP provienen de los aranceles recaudados por Israel, que los retiene en caso de crisis política.
- Desde 2021, la ANP ha acumulado una deuda de 1.200 millones de dólares con hospitales y empleados públicos.
- La tasa de desempleo en Gaza supera el 45 %, y la pobreza extrema afecta al 64 % de la población.
¿Qué papel juegan Hamás y Fatah en este escenario?
Hamás controla de facto la Franja de Gaza desde 2007. No ha reconocido los acuerdos de reconciliación firmados en 2022 y 2024. Su participación en las elecciones depende de garantías de seguridad y reconocimiento de los resultados.
Factores críticos de aceptación
- Hamás exige la inclusión de candidatos presos en cárceles israelíes.
- Fatah insiste en que los comicios se realicen bajo supervisión de la Comisión Electoral Central Palestina, no bajo control de facciones.
- La Ley Electoral 2021, aún no promulgada, establece cuórum mínimo del 50 % para validar los resultados.
La comunidad internacional observa con atención. Estados Unidos y la UE han reiterado que cualquier proceso que excluya a una fuerza política mayoritaria carecerá de legitimidad. El marco legal palestino exige pluralidad, pero la realidad política sigue fragmentada. La convocatoria de Abas no resuelve la división, pero abre una ventana institucional que no existía desde 2006. Su éxito no se medirá solo en votos, sino en la capacidad de restablecer mínimos de gobernabilidad compartida.
