El Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas Reales, en Navarra, está en el centro de un debate político, ambiental y estratégico. Su contrato de arrendamiento expira en 2028, y partidos como Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos exigen su cierre definitivo. El PSOE se resiste, al considerarlo clave para la operatividad del Ejército del Aire y del Espacio y los compromisos de la OTAN.
¿Por qué las Bardenas Reales son estratégicas para la defensa nacional?
El polígono, activo desde 1951, es el principal escenario de adiestramiento con fuego real en España. Su ubicación aislada y su extensión permiten ejercicios que no son viables en otros espacios del territorio.
Capacidades únicas del polígono
- Entrenamiento en maniobras aire-tierra con armamento guiado y no guiado.
- Simulación de aproximaciones tácticas en entornos reales.
- Soporte logístico y operativo para unidades de Zaragoza, Torrejón y Albacete.
- Participación de fuerzas aliadas en ejercicios multinacionales de la OTAN.
¿Es compatible la actividad militar con la protección ambiental?
Las Bardenas Reales están declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1993. Esa condición impone obligaciones legales bajo la Convención de París y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural.
Tensión entre normativa y práctica
- El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) exige evaluaciones de impacto ambiental periódicas.
- La Directiva Hábitats de la UE prohíbe actividades que alteren gravemente los ecosistemas protegidos.
- No existe un Estudio Estratégico de Impacto Ambiental (EEIA) actualizado desde 2012.
El Gobierno no ha publicado datos oficiales sobre la afectación real de las prácticas militares a especies como el águila real, el buitre leonado o el zorro rojo, todos presentes en la zona.
¿Cuál es el impacto económico del polígono en Navarra?
La actividad militar genera ingresos directos e indirectos en la región. El Ministerio de Defensa paga una renta anual por el uso del terreno. Además, hay contratos locales de mantenimiento, transporte y servicios.
Datos clave
- El polígono ocupa 120.000 hectáreas, el 12 % del territorio navarro.
- Genera más de 200 empleos directos e indirectos en la comarca.
- El valor estimado del contrato anual con el Estado supera los 4,2 millones de euros.
- Desde 2020, se han realizado 17 ejercicios internacionales con participación de 12 países de la OTAN.
- El 87 % de los vecinos de la zona considera que la actividad militar afecta negativamente la calidad del aire y el agua, según la encuesta del Observatorio de Sostenibilidad de Navarra (2025).
¿Qué dice la ley sobre la renovación del contrato en 2028?
El actual acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Navarra se rige por el Real Decreto 1128/2018, que exige una evaluación integral antes de cualquier prórroga. Esa evaluación debe integrar criterios de seguridad nacional, sostenibilidad ambiental y cohesión territorial.
Marco legal aplicable
- Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: obliga a participación pública en decisiones de impacto territorial.
- Ley 27/2006 de Responsabilidad Ambiental: establece responsabilidad objetiva por daños ecológicos.
- Acuerdo de Coalición PSOE-Sumar (2023): incluye el compromiso de “revisar usos militares en espacios protegidos”.
La falta de transparencia en los informes técnicos del Ministerio de Defensa ha generado demandas de acceso a la información por parte de Ecologistas en Acción y Greenpeace España, admitidas por la Audiencia Nacional en marzo de 2026.
¿Qué escenarios hay tras el 2028?
No hay una decisión oficial, pero sí tres vías posibles: cierre total, relocalización parcial o modernización con mitigación ambiental. La primera opción exigiría invertir en infraestructuras alternativas, como el Campo de Tiro de Soria, aún en fase de estudio técnico. La segunda implicaría acuerdos con Francia o Portugal para ejercicios transfronterizos. La tercera requiere una inversión mínima de 180 millones de euros, según el informe del Instituto de Estudios Estratégicos de Defensa (IEED, 2025).
- El Ejército del Aire y del Espacio ha descartado la opción de cierre sin alternativa operativa.
- El Ministerio para la Transición Ecológica exige garantías de restauración ecológica previa a cualquier renovación.
- La Comisión Europea ha advertido que el uso continuado sin evaluación actualizada podría desencadenar un procedimiento de infracción.
- El Consejo de Estado emitió un dictamen en abril de 2026: “No es posible compatibilizar el régimen de Reserva de la Biosfera con la intensidad actual de las actividades militares”.
