La escasez de peritos médicos está paralizando miles de procesos por responsabilidad sanitaria en España. Sin informes técnicos rigurosos, los jueces no pueden determinar si hubo negligencia. La acumulación de casos, el retraso en resoluciones y la pérdida de confianza en la justicia sanitaria son efectos directos. Esta crisis afecta a pacientes, profesionales y al sistema judicial por igual.
¿Por qué hay tan pocos peritos médicos disponibles?
La escasez no es casual. Es el resultado de factores estructurales que desincentivan la participación.
Falta de reconocimiento profesional y económico
Redactar un informe pericial exige revisar historiales clínicos, contrastar guías de práctica, citar literatura actualizada y defenderlo oralmente en sede judicial. Sin embargo, la remuneración es mínima o inexistente en muchos juzgados. No hay tarifas oficiales ni incentivos fiscales. El esfuerzo no se corresponde con la retribución.
Riesgo reputacional y presión colegial
Evaluar la actuación de un colega implica juicios técnicos que pueden generar tensiones. En especialidades con pocos profesionales —como neurocirugía o neonatología— el aislamiento profesional es real. Muchos temen represalias o daño a su carrera.
¿Qué dice la ley sobre la pericia médica?
El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que los informes periciales sean emitidos por expertos con competencia técnica y acreditada. Pero no regula su formación, ni su independencia, ni su remuneración. Tampoco existe un registro nacional de peritos sanitarios homologados. Esto genera disparidad: algunos juzgados aceptan informes de médicos sin experiencia pericial; otros los rechazan por falta de rigor metodológico.
El vacío reglamentario agrava la crisis
Sin un marco legal claro, proliferan los informes superficiales. Algunos carecen de referencias bibliográficas, no aplican el estándar de cuidado vigente en el momento de los hechos y omiten el análisis de la causalidad. Esto debilita la prueba pericial, que es, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la piedra angular de los litigios sanitarios.
¿Cuál es el impacto económico real?
La paralización de procesos tiene costes cuantificables. Las aseguradoras sanitarias reportan un aumento del 32 % en provisiones técnicas desde 2022, vinculado a la demora en resoluciones. Los tribunales acumulan más de 14.200 asuntos pendientes de informe pericial (Consejo General del Poder Judicial, 2025). Cada mes de retraso eleva los gastos procesales en un 7,4 %, según el Instituto de Estudios Fiscales.
Datos Clave
- Más del 68 % de los juzgados de lo contencioso-administrativo señalan dificultad para designar peritos médicos en los últimos 12 meses.
- El tiempo medio de emisión de un informe pericial se ha duplicado: de 42 a 89 días entre 2021 y 2025.
- Solo el 12 % de los médicos especialistas ha recibido formación específica en metodología pericial.
- El 41 % de los informes rechazados por los tribunales carecen de análisis causal válido.
- No existe una titulación oficial ni un curso obligatorio para ejercer como perito médico en España.
¿Qué soluciones están en marcha?
El Ministerio de Justicia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos trabajan en un protocolo conjunto para certificar competencias periciales. Se propone una formación homologada de 120 horas, con evaluación práctica y registro público. También se estudia la creación de una tabla de honorarios mínimos vinculante para juzgados y tribunales. Sin embargo, no hay fecha de entrada en vigor. Mientras tanto, la presión sobre los pocos peritos disponibles sigue creciendo —y los pacientes, esperando.
