El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer un conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno español para enfrentar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo. Este paquete de iniciativas, que entrará en vigor el próximo domingo, tiene como objetivo movilizar aproximadamente 5.000 millones de euros, según estimaciones del Ejecutivo. Las medidas incluyen rebajas fiscales en energía y carburantes, así como ayudas directas a los sectores más afectados y medidas de protección para colectivos vulnerables. Además, se ha introducido un segundo decreto que establece la congelación temporal de los precios del alquiler, el cual deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en una votación programada para el jueves 26 de marzo.
Entre las principales acciones del plan, se destaca la reducción del IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes del 21% al 10%. También se ha decidido reducir el impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y suspender temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica. En lo que respecta a los combustibles, la bajada fiscal y la reducción del impuesto de hidrocarburos permitirán una disminución de hasta 30 céntimos por litro. Asimismo, se ha establecido la congelación del precio máximo del butano y el propano, y se recupera la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
El paquete de medidas también contempla acciones sociales, como el refuerzo del bono social eléctrico, que ofrecerá mayores descuentos a los consumidores vulnerables, y el incremento del bono social térmico. Además, se garantiza el suministro de agua y energía a los colectivos más desfavorecidos. En cuanto a las ayudas directas, se destinarán 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como apoyos al sector de fertilizantes.
Desde el ámbito empresarial, se ampliará en 300 millones de euros la línea de créditos ICO para facilitar la financiación al sector agroalimentario y pesquero. También se dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de mayores capacidades de supervisión para evitar abusos en la aplicación de las ayudas. Además, se incorporan incentivos a la electrificación y a las energías renovables, con deducciones en el IRPF para instalaciones como placas solares o puntos de recarga, así como para la compra de vehículos eléctricos. Se impulsa el autoconsumo energético y se introducen beneficios fiscales para las empresas que inviertan en la sustitución de equipos fósiles.
En el ámbito laboral, se prohíbe el despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a esta crisis. También se refuerzan los planes de movilidad sostenible en compañías de mayor tamaño. Por otro lado, el segundo decreto ley establece la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos que finalicen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027. Según el Gobierno, esta medida podría beneficiar a más de un millón de contratos y a aproximadamente 2,7 millones de personas.
La presentación de este plan se produjo en un Consejo de Ministros extraordinario, que estuvo marcado por la tensión entre el PSOE y sus socios de Sumar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de esta iniciativa tras intensas negociaciones, que se resolvieron con la aprobación de dos decretos diferentes. En la rueda de prensa posterior, Sánchez afirmó que estas iniciativas estarán vigentes «el tiempo que sea necesario» y apeló a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso, especialmente en el caso del decreto de vivienda, que actualmente no cuenta con una mayoría asegurada.
El Partido Popular (PP) no ha aclarado si respaldará las medidas anticrisis, aunque su secretario general, Miguel Tellado, ha anticipado que se opondrán al texto que incluye las políticas de vivienda de Sumar. Tellado fue muy crítico con el Gobierno, señalando que las medidas propuestas ya habían sido planteadas por su formación. En sus declaraciones, se refirió a la situación como un «esperpento» y criticó la tensión vivida entre los socios en los prolegómenos del Consejo de Ministros extraordinario.
En resumen, el Gobierno español ha implementado un amplio paquete de medidas para mitigar los efectos económicos de la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. Estas iniciativas buscan no solo aliviar la carga económica sobre los ciudadanos y sectores más afectados, sino también fomentar un cambio hacia energías más sostenibles y garantizar la protección de los colectivos vulnerables en un contexto de creciente incertidumbre económica.
