La reciente intervención del juez Leopoldo Puente, quien sugirió la posibilidad de retirar el acta de diputado a José Luis Ábalos, ha desatado una ola de reacciones en el Congreso de los Diputados. Este episodio ha puesto de manifiesto la tensión existente entre el poder judicial y el legislativo en España, así como las implicaciones que esto tiene para la democracia y los derechos de los representantes electos. La propuesta del magistrado, en el contexto de la investigación sobre la trama Koldo, ha sido interpretada como una intromisión en la autonomía del poder legislativo, lo que ha llevado a una respuesta unánime de rechazo por parte de casi todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.
La postura del Congreso es clara: la separación de poderes es un principio fundamental que debe ser respetado. La reacción de los grupos de izquierda ha sido particularmente contundente. Patxi López, portavoz del PSOE, enfatizó que la justicia no debe interferir en la política, recordando que los jueces no son quienes deben dictar cómo debe actuar el legislativo. Esta defensa de la independencia del Congreso es un eco de la preocupación generalizada sobre la creciente politización de la justicia en España.
Por su parte, Verónica Martínez, portavoz de un partido minoritario en el Gobierno, también se pronunció en contra de la sugerencia del juez, argumentando que los jueces deben limitarse a su función judicial y no actuar como legisladores. Esta crítica resuena con la percepción de que la intervención judicial en asuntos políticos puede erosionar la confianza pública en las instituciones democráticas.
### Reacciones desde el Bloque de la Investidura
El bloque de la investidura, que incluye a partidos como Podemos, ha manifestado su rechazo a la propuesta del juez Puente. Irene Montero, eurodiputada y candidata a las próximas elecciones generales, ha denunciado la «guerra sucia judicial» que, según ella, se ha desatado contra el Gobierno. Montero ha instado a la necesidad de una respuesta unificada de la izquierda para contrarrestar lo que considera un ataque a la democracia. Su crítica se extiende a la incapacidad del presidente Pedro Sánchez para enfrentar esta situación, lo que refleja una creciente frustración dentro de su propio partido y aliados.
La eurodiputada ha recordado que su formación ha sido víctima de una «guerra judicial y mediática» que ha sido legitimada por sectores progresistas, lo que añade una capa de complejidad a la discusión sobre la relación entre la política y la justicia. Esta narrativa de victimización se ha convertido en un recurso retórico común entre los partidos de izquierda, que buscan movilizar a sus bases en un contexto de creciente polarización política.
Desde el PNV, se ha expresado una opinión similar, subrayando que un auto judicial no es el lugar adecuado para que los jueces expresen opiniones políticas. Esta postura resalta la necesidad de que la judicatura se mantenga dentro de los límites de su función y no se involucre en debates políticos que deberían ser competencia del legislativo.
### La Respuesta de la Derecha y el Papel del PP
Curiosamente, la respuesta del Partido Popular (PP) ha sido más matizada. Aunque en público han mantenido una postura conservadora, en privado han mostrado reticencias hacia la intervención del juez Puente. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha optado por una estrategia de cautela, reconociendo los avances en la instrucción judicial pero evitando criticar abiertamente al magistrado. Esta ambigüedad refleja la complejidad de la situación, donde el PP se encuentra en una posición delicada entre la defensa de la independencia judicial y la necesidad de no alienar a su base electoral.
El PP ha recordado que el escaño no es propiedad del partido, sino del diputado, apoyándose en un dictamen del Tribunal Constitucional que establece que el derecho a participar en la política corresponde a los ciudadanos. Esta interpretación legal se convierte en un argumento clave en el debate sobre la legitimidad de la intervención judicial en la política, sugiriendo que la voluntad del electorado debe prevalecer sobre las decisiones de los partidos.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido más institucional. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha reiterado el respeto por el procedimiento judicial, aunque ha recordado que el PSOE ya había solicitado a Ábalos que renunciara a su escaño antes de que se abriera la investigación. Esta postura resalta la tensión entre la necesidad de mantener la imagen del partido y el respeto por el proceso judicial, un equilibrio difícil de lograr en un clima político tan cargado.
El debate sobre la injerencia judicial en la política no es nuevo en España, pero este episodio ha puesto de relieve la fragilidad de la separación de poderes y la necesidad de un diálogo constructivo entre las instituciones. La respuesta del Congreso y de los diferentes grupos parlamentarios refleja una preocupación compartida por la integridad del sistema democrático y la protección de los derechos de los representantes electos. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se manejan estas tensiones y qué implicaciones tendrán para el futuro de la política en España.
